El texto venezolano establece además la "imprescriptibilidad" en materia civil de los delitos relacionados con corrupción.
Durante esta jornada se aprobó, por la Asamblea Nacional de Venezuela, la Ley de Extinción de Dominio, que permite al Estado apropiarse de los bienes adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.
El texto fue aprobado en un momento en el que operativos especiales anticorrupción en empresas estatales, con epicentro en la petrolera PDVSA, han dejado al menos 61 detenidos desde marzo.
La ley es similar a una norma de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que plantea declarar “sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna” la “titularidad a favor del Estado” de bienes adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.
El texto venezolano establece además la “imprescriptibilidad” en materia civil de los delitos relacionados con corrupción.
“No hay excusa para el que robó hace 15 años o hace 20 años. No prescribe el delito de corrupción”, declaró a la prensa, después de la sesión legislativa, el dirigente chavista Diosdado Cabello, que presidirá una comisión que revisará “todas las leyes” en esta materia para “hacerlas más enérgicas”.
Pero no todos ven con buenos ojos el reglamento. Y es que, aunque sigue lineamientos de la ley modelo de la ONU, la ONG Acceso a la Justicia advirtió que la legislación aprobada en Venezuela puede ser “peligrosa”.
“Tememos que la iniciativa amparada en la lucha contra la corrupción busque no solo crear mecanismos que le permitan al gobierno apropiarse de bienes relacionados con actos ilícitos, sino también facilitarle una herramienta política para atacar, perseguir y amenazar a cualquier persona (…) con apropiarse de sus bienes, sean obtenidos de forma ilícita o no”, indicó la organización en un informe.
Ahora, la ley debe ser ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia y después ser promulgada por el presidente Nicolás Maduro.
Las operaciones contra la corrupción en medio del cuales se discutió esta iniciativa legal han derivado en al menos 61 arrestos y 172 allanamientos desde finales de marzo, según la Fiscalía.
El ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, renunció en medio del escándalo, aunque el Ministerio Público ha evitado confirmar si es investigado.
