La congresista del Partido Morado Susel Paredes consideró que la moción de vacancia presidencial presentada en el Congreso es un error jurídico. Añadió que si se considera que el presidente Pedro Castillo incurrió en un delito se le debe iniciar un juicio político, pero no vacarlo, y que "el problema en Perú es que Keiko Fujimori cada vez que pierde invoca a la vacancia".

Susel Paredes, legisladora del Partido Morado, indicó este jueves que la moción de vacancia presidencial es una figura jurídica para hechos concretos, pero que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, la invoca cada vez que pierde un proceso electoral.

Esto último, luego que el Congreso de Perú, dominado por la oposición, intensificara el asedio contra el Ejecutivo con la presentación de una moción de destitución contra el presidente del país, el izquierdista Pedro Castillo, quien asumió la Presidencia de Perú el pasado 28 de julio, y la interpelación al ministro de Transportes, Juan Silva.

Según indicó a “Nada está dicho” de RPP Noticias, la moción presentada contra el mandatario es un error jurídico, pues los argumentos presentados para justificar la causal de permanente incapacidad moral no tienen validez.

Dijo también que la lideresa de Fuerza Popular sólo busca que salga del Gobierno quien la venció y por eso su apoyo a la moción. Sin embargo, precisó que la vacancia sólo debe aplicarse para hechos específicos y si el jefe de estado ha incurrido en delitos, que se le procese una vez haya dejado el cargo.

“La vacancia es una figura jurídica para hechos súper concretos. El problema en Perú es que Keiko Fujimori cada vez que pierde invoca a la vacancia y a Keiko Fujimori no le importa si es de derecha o es de izquierda o es de centro, lo único que le importa es que salga del Gobierno quien le ganó”, indicó.

“El tema es que la vacancia se tiene que utilizar para unos temas muy específicos. Si han cometido delitos se les juzga penalmente cuando acaba el periodo presidencial”, añadió.

Sobre argumentos de vacancia

Respecto de los argumentos de la moción, en específico, el del presunto financiamiento ilegal de Perú Libre, Paredes indicó que aún existe una investigación al respecto. Además, recordó que Fuerza Popular tiene un proceso similar.

En ese sentido, planteó la posibilidad de que la moción de vacancia presidencial haya recibido el apoyo del fujimorismo para desviar la atención del proceso que afronta Keiko Fujimori que ya está a poco de entrar en la etapa de juicio oral.

“No será que han metido una bomba de humo para distraernos de que Keiko ya va a entrar a juicio y que es muy probable que vaya presa, esta vez ya sí de verdad para quedarse, porque lo que han invocado jurídicamente no es correcto”, sostuvo.

La legisladora sostuvo que, si al presidente Castillo se le adjudica algún delito, entonces el Parlamento podría iniciarle un juicio político, mas no recurrir a la vacancia como un atajo para sacarlo del poder.

Añadió que cree que el Congreso tiene los votos para admitir a debate la moción impulsada por Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, pero que no cuentan con el respaldo para vacar al mandatario.

Para que el tema de fondo sea debatido en el pleno – inicialmente agendado para el próximo 7 de diciembre- se requieren 52 votos a favor, y para la eventual destitución del mandatario, 87 votos de los 130 congresistas.

Fondos ilegales y terrorismo

Según recoge Agencia Efe, entre los argumentos para considerar la “incapacidad moral” de Castillo está el presunto uso ilegal de fondos para su campaña electoral de este año, que hizo representando al partido marxista Perú Libre, del que luego se alejó.

Además, se señala que ha designado “a altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología del terrorismo” y del delito de tráfico de influencias en los ascensos de altos mandos de las Fuerzas Armadas y de las jefaturas de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La titular del Congreso, María del Carmen Alva, notificó al mandatario de la moción de destitución en su contra, mientras que el jefe de Estado se encontraba en visita de trabajo en las regiones de Huancavelica y Junín.

“Sentémonos a conversar, dejémonos de la confrontación inútil que le hace mucho daño al país, a nuestros maestros y a nuestros niños, de quienes estamos esperando la presencialidad”, declaró Castillo durante un acto público para responder a la coyuntura y los reclamos para que los escolares vuelvan a clases presenciales a la brevedad.

Rechazo de partidarios y ministros

En respuesta a la moción, diversos grupos de simpatizantes de Castillo tomaron las calles del centro de Lima para expresar su rechazo a la intención de destituir al gobernante.

Asimismo, los ministros de Estado expresaron su desazón por la iniciativa y el perjuicio para la gobernabilidad del país.

“Abusando del derecho, bajo argumentos fuera de lugar que no tienen ninguna razón jurídica se pretende crear desestabilización”, declaró el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez.

Por su parte, el titular de Salud, Hernando Cevallos, expresó que la moción de vacancia es “una actitud claramente antidemocrática”.

Hay sectores que “lo que pretenden es evitar los cambios que tanto necesita la gente”, agregó Cevallos, tras una reunión del gabinete de ministros en Palacio de Gobierno con el jefe de Estado.

Congreso interpela a ministros

A la par, la oposición en el Congreso siguió adelante con la interpelación al ministro de Transportes, Juan Silva, cuestionado por haber presuntamente ofrecido el cambio de autoridades a empresarios del sector.

Silva también anunció una reorganización en la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancía (Sutran) y en la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), entidades públicas a cargo de la reforma en el transporte urbano.

La interpelación a Silva fue promovida por la bancada fujimorista Fuerza Popular bajo el argumento de que el ministro ha cometido “un sinnúmero de desaciertos e ilegalidades”.

Sin embargo, su eventual censura no contaría con los votos suficientes después del debate y, más bien, el pleno recibió otra moción que plantea esta vez interpelar al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por irregularidades en la prueba de docentes del sistema público.