Presidente de Ecuador indulta a reos con enfermedades graves para paliar crisis carcelaria

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, concedió este lunes el indulto a reos con enfermedades graves y terminales y a presos por infracciones de tránsito como parte de un plan para reducir la población en las cárceles del país donde recientes revueltas han dejado más de 300 muertos.

Con el fin de “establecer acciones efectivas para la recuperación de la paz y aliviar la sobrepoblación carcelaria”, el gobernante firmó dos decretos en los que “concedió el indulto presidencial a personas privadas de la libertad, bajo ciertas condiciones”, señaló la secretaría General de Comunicación, en un comunicado.

Sin precisar cuántas personas quedarán el libertad, la cartera agregó que se aplicará el indulto a los presos sentenciados por “infracciones de tránsito que no impliquen muertes ni lesiones”. También recibieron el perdón presidencial los reos que padezcan enfermedades que implican un alto riesgo para la vida o terminales.

Los indultos consisten en el “perdón de las penas privativas de la libertad”, pero en ningún caso extinguen las medidas de reparación que haya dictado un juez y multas.

La medida es parte de un plan del gobierno para combatir la violencia dentro de las cárceles debido a disputas entre bandas criminales ligadas al narcotráfico.

El proyecto -anunciado el 14 de noviembre tras la última masacre que dejó 62 muertos- incluye un proceso de pacificación en las prisiones y el uso de las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden dentro de los reclusorios.

En Ecuador hay 65 prisiones con capacidad para 30.000 personas, pero están ocupadas por casi 39.000, de las cuales 15.000 están sin sentencia.

Las penitenciarías del país se han convertido en escenarios de matanzas. Solo en septiembre perdieron la vida 119 reclusos en la cárcel Guayas 1, en Guayaquil, en una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica.

En esa misma prisión los choques entre bandas dejaron el 13 de noviembre 62 muertos. Varias de las víctimas fueron mutiladas e incineradas en una acción que el Ejecutivo calificó de “barbarie”.