La violencia criminal asola desde hace meses el estado mexicano de Tamaulipas, donde migrantes y ciudadanos se encuentran expuestos a crímenes y abusos. Expertos advierten sobre la negligencia de las autoridades.
“Es terrible lo que estamos viviendo en Tamaulipas. Los enfrentamientos en Reynosa, las desapariciones, personas ejecutadas, cuerpos tirados en la carretera. La ola de violencia demuestra la debilidad de las instituciones”, afirmó Geovanni F. Barrios, fundador de la organización Fuerza Tamaulipas.
Barrios destaca que a la ola de violencia se suma la simulación de políticos que aseguran tener bajo control la seguridad. “La simulación es lo que más afecta a nuestra sociedad”.
Tamaulipas, estado fronterizo con Texas, ha vivido una violencia recurrente desde hace décadas. Estas recrudeció en 2021 tras la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación.
El semanario mexicano Proceso advierte que unas 90 personas han desaparecido en los últimos meses en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. A esto se suma la feroz disputa se debe al control del tráfico de migrantes.
El Cartel del Golfo cobraría entre 500 y 1.500 dólares por migrante para pasarlo al otro lado de la frontera.
Según estadísticas divulgadas por la Patrulla Fronteriza en EEUU, unos 3.000 migrantes cruzan al día a través de Tamaulipas y Coahuila.
Recrudece la violencia en Reynosa
Reynosa, que cuenta con la industria maquiladora más amplia del noreste, es escenario de violencia vinculada al crimen organizado.
“No es normal tanta violencia en una ciudad, y que el blanco de los sicarios sea la población civil”, advirtió el experto en seguridad, Raúl Benítez.
El investigador América del Norte (CISAN), señaló que el cierre de la frontera contuvo a traficantes y puso nerviosos a los grupos criminales.
“Las drogas no les están funcionando porque la frontera está cerrada, entonces el negocio se ha derivado. Pero eso es coyuntural, porque cuando la frontera se abra, normalizarán sus actividades con drogas”, destaca.
Desde marzo pasado México y Estados Unidos cerraron su frontera común de más de 3.000 kilómetros de extensión para los viajes no esenciales.
Reynosa ha sido destino de turistas estadounidenses que buscan tratamientos médicos accesibles. Sin embargo, la afluencia turística cayó tras la advertencia de EEUU de evitar los viajes a Tamaulipas debido a la violencia. Algunas carreteras se han vuelto intransitables a causa de los robos, secuestros y desapariciones.
El 19 de junio pasado fueron asesinados 15 civiles en ataques al azar realizados por un grupo armado. Según las autoridades locales, se debió a la disputa por el control del Puente Pharr, que une a Reynosa con Texas.
Vacíos aprovechados por grupos criminales
“Hay un problema de presencia del Estado en varias zonas, y esos vacíos los ocupan diversos grupos armados”, advierte, por su parte, el analista de seguridad y columnista en el diario El Universal, Alejandro Hope.
El analista descartó que los ataques contra la población civil puedan ser considerados como actos terroristas.
“Incluir a los grupos criminales mexicanos en la lista de organizaciones terroristas de EEUU es algo que se discute desde hace mucho. Estuvo cerca de hacerlo el presidente Trump. Eso permitiría que cualquier apoyo pudiera ser considerado como apoyo material al terrorismo”, dijo.
Alejandro Hope considera que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido una estrategia de seguridad negligente.
“No se dan cuenta del tamaño del monstruo que tienen enfrente y no han querido ir más allá de construir cuarteles y poner botas de la Guardia Nacional en el terreno, sin poner en marcha una estrategia más amplia”, dijo.
No son actos terroristas
Geovanni Barrios coincide con Hope. Añade que no se trata de actos terroristas porque no se busca desestabilizar al gobierno.
“Son ataques a la sociedad con el objetivo de calentar la plaza a un grupo rival. Los ataques a la población civil son delitos que debieran ser juzgados en la Corte Penal Internacional de La Haya”.
Barrios destaca que lo que se vive en Tamaulipas ahora es el resultado de la violencia en el pasado.
“Llegaban grupos rivales y se llevaban a muchachos para reclutarlos cuando había una guerra entre el cártel del Golfo y el de Los Zetas. Desde el 2008 hubo una serie de desaparecidos de forma alarmante. Esta problemática la volvemos a vivir hoy en día. Todos los días hay personas desaparecidas. En vez de tener una política criminal de corto, mediano y largo plazo, las autoridades simulan que se está avanzando”.
El activista advierte que mientras haya corrupción en los ingresos a las arcas municipales, estatales y federales.
Barrios considera que buena parte de las desapariciones, sobre todo de mujeres, se debe a que son secuestradas y obligadas a prostituirse.
“En 2020 fueron localizadas 72 mujeres en Puebla que eran obligadas a prostituirse. Como las mujeres declararon que estaban en esas condiciones por su propia voluntad, tal como habían sido instruidas por sus mismos captores, fueron puestas en libertad. Las leyes otorgan 48 horas para llevar a cabo una investigación e identificar a las personas. Sin embargo, no se hizo nada. Tenemos los mismos niveles de impunidad de hace 30 años, que rondan el 99%. Por eso México es un paraíso para el crimen; eso explica la gran cantidad de delitos que se cometen”.
