Quien quiera ser político en México y acceder a un puesto de elección popular, debe estar dispuesto a arriesgar su vida y la de su familia, sobre todo en estados como Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, en donde a veces las autoridades mismas están coludidas con el crimen organizado.
Juan Antonio Acosta, precandidato del PAN a la alcaldía de Juventino Rosas, en Guanajuato, fue asesinado el 12 de enero a plena luz del día con varios tiros por la espalda. El político se había aficionado al trote, y fue ultimado mientras hacía ejercicio a escasos 700 metros de la comandancia de policía, edificio que también alberga la Presidencia Municipal de Juventino Rosas. Acosta ya había sido alcalde de su municipio en dos ocasiones y quería serlo otra vez. Se registró como precandidato en diciembre de 2020.
“Toño” Acosta, como lo llamaban sus compañeros de partido, ya era diputado local en Guanajuato, uno de los 31 estados que componen la federación mexicana. Situado en el centro del país, es famoso por sus minas de plata y su arquitectura colonial, pero últimamente, por la violencia de dos sanguinarios grupos criminales que se disputan el territorio: el cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
El pasado 7 de abril fueron capturados cuatro presuntos responsables del asesinato, entre ellos, el director de Tránsito de Juventino Rosas, quien es señalado por la fiscalía como autor material del crimen. En las pesquisas fueron decomisadas armas, drogas y dinero en efectivo.
¿Coludidos funcionarios municipales?
“En muchos casos existe la participación de funcionarios en los asesinatos, es una situación terrible y es lo que estamos observando, que hay una colusión entre el poder político con el poder criminal”, comenta Rubén Salazar, director de Etellekt Consultores, que publicó su cuarto informe sobre Violencia Política en México 2021.
En conversación con DW, Salazar destaca que si el poder criminal controla determinados estados y municipios es porque hay un poder a nivel local que lo permite, que se colude con él y se beneficia. “Es algo que omiten expertos y autoridades sobre la violencia generalizada que existe en el país”, dice.
Según el informe de Etellekt, en el actual proceso electoral han sido asesinados 79 políticos, 28 familiares de políticos, 91 servidores públicos sin militancia, un total de 198 víctimas mortales ligadas a la política y al servicio público.
Entre los aspirantes a algún puesto de elección popular en estos comicios, las víctimas mortales ascienden a 31. Pero según Etellekt, se han registrado un total de 476 agresiones contra políticos, que incluyen, además de asesinatos, amenazas, robos y secuestros.
Este 6 de junio México celebrará las mayores elecciones de su historia. En disputa está la Cámara de Diputados (500 integrantes), actualmente controlada por el partido gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 15 Gobiernos estatales, 30 Congresos locales y miles de municipios y alcaldías. Hay más de 21.000 cargos sometidos a elección popular.
Rubén Salazar explica que la llamada transición democrática, que derrocó en el 2000 al PRI tras una hegemonía política de más de 70 años, abrió la puerta a nuevos partidos y alianzas, y a nuevos grupos criminales.
“Ahora los alcaldes son de una infinidad de partidos políticos, sobre todo cuando ganó Morena, que ganó muchísimas alcaldías. Esas alternancias políticas lo que están provocando es que muchos de estos caciques locales estén formando sus propios pactos con grupos delictivos. Por eso es que se han fragmentado los grupos delictivos”, sostiene Salazar. El experto destaca que en México hay 2467 municipios y alcaldías.
Los candidatos de la delincuencia organizada
Para Ricardo Ravelo, periodista y escritor especializado en la materia, el crimen organizado se está convirtiendo en el gran elector de esta contienda.
En conversación con DW, Ravelo destaca que eso se debe a que la actual administración no puso en marcha una política anti-mafia integral que frene el flujo de narcotráfico ni de las más de 20 actividades delictivas con las que opera: “La delincuencia organizada está eligiendo a sus candidatos. En Tamaulipas, en Michoacán, en una zona de Guanajuato, que son las más violentas. Les exigen a los candidatos que abandonen las candidaturas porque ellos van a poner a sus aliados, si desacatan las órdenes, los asesinan”.
Ravelo señala que la no acción del Estado ha empoderado al crimen en casi todo el país. Es una violencia cotidiana, que se recrudece en tiempos de campañas políticas.
Partidos relativamente nuevos como Fuerza por México (FXM), Movimiento Ciudadano (MC), Redes Sociales Progresistas (RSP) y Encuentro Solidario (PES) no postularon candidaturas en ayuntamientos en el Estado de México debido a la violencia electoral.
“En el Municipio de Aguililla, en Michoacán, cuando va la Guardia Nacional, sale huyendo porque la policía municipal informa al cártel que opera ahí. No hay manera de tener una estrategia centralizada porque las autoridades en Michoacán o Tamaulipas apoyan a los cárteles que el gobierno federal quiere combatir”, declara Rubén Salazar.
Veracruz, foco rojo
De los 31 políticos asesinados que aspiraban a un puesto de elección popular, 8 eran veracruzanos. “En Veracruz los partidos de oposición han acusado al propio gobierno del Estado de estar detrás de muchas de estas agresiones. Es un buen ejemplo de cómo el poder una vez que se colude con los grupos criminales que operan en un Estado o municipio, se convierte en una barrera para la participación de otros grupos opositores, que bien pueden llegar apoyados por grupos criminales rivales”, afirma Salazar.
Según el experto, no es el poder político lo que está en juego, sino el control de las actividades económicas, legales e ilegales: “Se pelean la joya de la corona, que es el Puerto de Veracruz, el control de la entrada de estupefacientes y de otro tipo de mercancías de contrabando. El control de rutas de tráfico de personas, de tráfico de mujeres. Veracruz es el paso obligado de estas rutas”.
Veracruz es el que más agresiones registra, con 45 víctimas, seguido de Guerrero (23), Oaxaca (20), y Michoacán (20). Según Salazar, de las 443 víctimas de agresiones en este período electoral, el 80% son candidatos de oposición.
“Abrazos y no balazos”
Ricardo Ravelo considera que la no violencia del Estado que ha pregonado el actual presidente con su consigna de “abrazos y no balazos”, ha dado alas a la delincuencia. Pero tampoco dio resultado la guerra contra las drogas en administraciones anteriores.
“No ha habido una propuesta del Estado para que respeten capitales, se legalicen empresas y abrir un marco legal para que buena parte de la actividad criminal con el que se financia el crimen organizado pase a la legalidad, algo que hicieron Europa y Estados Unidos”.
