Una crisis institucional se está viviendo en El Salvador, luego de que el presidente Nayib Bukele decidiera asediar la Asamblea Legislativa este sábado con fuerzas militares y llamar a la población a la “insurrección”, tras una serie de fuertes desacuerdos con los congresistas.

El centro del problema es la solicitud de un préstamo por 109 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con el cual Bukele pretende financiar la tercera fase de su Plan de Seguridad Pública.

El presidente asegura que el monto es necesario para mejorar las condiciones de trabajo de las fuerzas armadas y de la Policía Nacional Civil (PNC) contra el crimen organizado, mediante la compra de dos helicópteros, un buque y cámaras de televigilancia, entre otros. Sin embargo la oposición critica que estas adquisiciones no pueden considerarse urgentes, y que la empresa a la cual se comprarían las cámaras por un monto de 25.9 millones de dólares, sería la mexicana Seguritech Integral Security, en la polémica tras financiar un viaje en jet privado al director de centros penales de El Salvador, Osiris Luna Mesa.

A fin de obtener la autorización, Bukele invocó el jueves por la noche artículo 167 de la Constitución, que permite al Consejo de Ministros “convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden”.

ElSalvador.com
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Los legisladores respondieron con una sesión este viernes, donde rechazaron la convocatoria presidencial y, con 67 de 84 votos, aprobaron un comunicado indicando que “el préstamo es analizado y que no existen las condiciones que justifiquen una convocatoria extraordinaria por no ser una emergencia constitucional”.

Enfurecido por la respuesta, el Ejecutivo retiró a los escoltas y personal de seguridad asignado a los parlamentarios, tras lo cual varios congresistas del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) -el anterior partido de Bukele- denunciaron estar siendo hostigados en sus hogares por las fuerzas de seguridad.

Adicionalmente, Bukele hizo que su Consejo de Ministros convocara nuevamente a una asamblea extraordinaria para este domingo, a las 15:00 horas (12:00 horas en Chile), pero esta vez llamando a manifestarse a la población citando el artículo 87 de la Constitución, que confiere el derecho a “insurrección”.

Sin embargo el hecho que más llamó la atención a nivel internacional fue el despliegue de efectivos militares que cercaron el edificio de la Asamblea Legislativa durante la mañana del sábado, interpretado como una amenaza directa entre ambos poderes del Estado.

Al Jazeera
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El presidente de la Asamblea, Mario Ponce, perteneciente al Partido de Concertación Nacional (PCN) y afín al gobierno de Bukele, intentó resolver el impase convocando a una asamblea extraordinaria el sábado a las 21:30 horas (18:30 en Chile), sin embargo a esta sólo llegaron 23 de 84 legisladores, fracasando la instancia por falta de quórum.

Admitiendo el fracaso, Ponce citó a una nueva asamblea para este lunes, al mediodía.

Denuncia de “autogolpe” y la intervención de la OEA

Luego de que tanto las fuerzas armadas como la policía respaldaran el actuar del Mandatario, las principales fuerzas políticas en la Asamblea rechazaron el “amedrentamiento” de Bukele.

El más enfático fue el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuyo diputado Carlos Reyes, leyó un comunicado donde su colectividad pide la intervención de la Organización de Estados Americanos (OEA), para que “active de inmediato los mecanismos preventivos establecidos en la Carta Democrática Interamericana para evitar el incumplimiento del orden constitucional en El Salvador y se actué para detener de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso“.

De la misma forma, el secretario general del FMLN, Óscar Ortiz, exigió al presidente Bukele “frenar sus amenazas, propias de una dictadura” y señaló que “los costos políticos de sus acciones podrían ser elevados para el país, pero también para él”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas para el Gobernante, quien usó la red social para recordarle su pasado como guerrillero durante la Guerra Civil que azotó al país centroamericano.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, tomó una postura intermedia, destacando los logros del plan de seguridad de Bukele y pidiendo su continuidad, pero al mismo tiempo abogando por el respeto entre cada uno de los poderes del Estado.