Internacional
Jueves 14 marzo de 2019 | Publicado a las 19:17
Oficina de Bachelet en la ONU rechaza planes de Colombia reformar pacto de paz con las FARC
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La alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirti√≥ que “no puede haber marcha atr√°s” en el pacto de paz en Colombia y consider√≥ que el gobierno, resuelto a modificar el acuerdo que desarm√≥ a las FARC, tiene la “responsabilidad hist√≥rica” de implementar los compromisos.

En la presentación del informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, el representante de la alta comisionada cerró filas el jueves en torno a la defensa del acuerdo que permitió terminar con más de medio siglo de lucha armada de la guerrilla FARC.

“El gobierno actual tendr√° la responsabilidad hist√≥rica de continuar con la implementaci√≥n plena del acuerdo de paz”, declar√≥ Alberto Brunori. “No puede haber marcha atr√°s”, enfatiz√≥.

El presidente Iv√°n Duque se propone modificar algunos aspectos del sistema de justicia pactado por su antecesor, el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, y los rebeldes marxistas.

Suscrito a finales de 2016, el pacto prevé que los responsables de delitos graves cometidos durante el prolongado conflicto, ya sean exguerrilleros o militares, reciban penas alternativas a prisión si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y nunca más vuelven a ejercer la violencia.

“La construcci√≥n de una paz estable y duradera depende de la urgente sanci√≥n y promulgaci√≥n sin delaciones del proyecto de la ley estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP)”, a√Īadi√≥ Brunori.

Cambios vitales

Duque, que venía de cuestionar el trato indulgente a los rebeldes acusados de delitos atroces, anunció el domingo que objetará ante el Congreso seis de los 159 artículos de la ley que regula la JEP.

El sistema de justicia es considerado la columna vertebral del pacto negociado con las ya disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), convertidas en partido político.

Asimismo, el gobernante anticipó que presentará un proyecto de reforma constitucional para modificar tres puntos del estatuto que dio origen a la justicia de paz y que fue avalado por el Congreso en 2017 y por la Corte Constitucional, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna.

Las reformas anunciadas por el mandatario de derecha, que no cuenta con mayorías aseguradas en el Congreso para sacar adelante los cambios, apuntan principalmente a modificar el compromiso que impide la extradición a Estados Unidos de miembros del partido FARC.

Las partes hab√≠an acordado que ning√ļn rebelde podr√≠a ser entregado a la justicia estadounidense por acciones cometidas antes de la firma de la paz, aunque quienes hayan incurrido en narcotr√°fico despu√©s de 1 de diciembre de 2016 enfrentar√°n una eventual extradici√≥n.

El gobierno pretende, adem√°s, excluir de beneficios penales a responsables de delitos sexuales contra menores cometidos en el marco del conflicto y a quienes reincidan en actividades criminales.

Respaldado por la ONU, el pacto de paz condujo al desarme de unos 7.000 combatientes y ha evitado la muerte de unas 3.000 personas al a√Īo. Los m√°ximos responsables de la exguerrilla comenzaron a comparecer ante el tribunal de paz.

“Si entre todos no somos capaces de dar a la JEP la autoridad, la independencia, la autonom√≠a y las fuerzas necesarias para realizar su trabajo, las m√°s perjudicadas ser√°n las v√≠ctimas”, asegur√≥ la embajadora de la Uni√≥n Europea en Colombia, Patricia Llombart, durante la presentaci√≥n del informe.

Balance preocupante

En medio de la tensi√≥n generada por la propuesta de Duque, la oficina de la ONU describi√≥ como “preocupante” la situaci√≥n de derechos humanos en Colombia.

El organismo hizo hincapi√© en asesinatos de activistas de derechos humanos, que seg√ļn diversas fuentes oficiales y humanitarias se han incrementado desde la firma de la paz.

Algunos de los casos est√°n vinculados con “sustanciales retrasos en la implementaci√≥n” de los acuerdos relacionados con reforma rural y sustituci√≥n de narcocultivos, se√Īal√≥ Naciones Unidas.

“Hoy hemos documentado tres casos m√°s, subiendo a 113 el n√ļmero de homicidios en 2018″, declar√≥ Brunori.

El 93% de los homicidios ocurrieron en zonas rurales y el 27% de las víctimas eran indígenas (18) o negros (12).

Seg√ļn la ONU, detr√°s de los cr√≠menes est√°n grupos guerrilleros o de origen paramilitar, y en menor medida la fuerza p√ļblica.

El organismo también exhortó a la justicia de paz a esclarecer y reducir la impunidad en torno a los asesinatos de civiles a manos de militares que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate.

“La fiscal√≠a identific√≥ un total de 2.248 v√≠ctimas de ejecuciones registradas como bajas en combate entre 1988 y 2014, observ√°ndose una mayor incidencia entre 2006 y 2008″, cuando estaba en el poder el exmandatario y actual senador √Ālvaro Uribe (2002-2010), padrino pol√≠tico de Duque, anot√≥ la ONU.

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