La justicia peruana reanudó el viernes una audiencia sobre el pedido de prisión para la líder opositora Keiko Fujimori, quien está bajo la lupa de un fiscal anticorrupción tras regir los destinos de Perú desde las sombras los dos últimos años.
La audiencia está a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, quien debe decidir si envía a prisión preventiva por 36 meses a la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y a otros 10 dirigentes y cuadros de su partido, el más votado en los comicios generales de 2016.
La fiscalía los acusa de conformar una “organización criminal” dentro del partido fujimorista, que recibió y encubrió 1,2 millones de dólares aportados ilegalmente por la empresa brasileña Odebrecht a la campaña de Keiko en 2011.
En paralelo, una crisis interna estalló esta semana en el monolítico partido fujimorista Fuerza Popular (derecha populista), que controla el Congreso, que puede derivar en un quiebre.
La sorpresiva crisis interna en Fuerza Popular impulsó al resto de partidos a exigir la renuncia de la directiva del Congreso, integrada solo por leales o aliados de Keiko.
El miércoles, Keiko suspendió los órganos directivos del partido y designó en su lugar un “comité de emergencia” ante esta crisis, que detonó en el peor momento para ella.
Keiko había manejado en forma autocrática al partido desde que lo fundó en 2011, sin tolerar ningún tipo de disidencia.
Marginó sin contemplación a su propio hermano menor Kenji e hizo que el Congreso lo despojara de su banca parlamentaria, tras ser denunciado en marzo por un legislador leal a ella de intentar comprar su voto.
Ambos hermanos libran una guerra sin cuartel por el legado político de su padre y podrían enfrentarse en las presidenciales de 2021 si resuelven sus líos judiciales.
En medio de esta crisis partidaria, Keiko adoptó un inusual tono conciliador, llamando a la “paz y el reencuentro” tras haber sido beligerante desde la campaña de 2016, que perdió ante Pedro Pablo Kuczynski.
Bajo control fujimorista, el todopoderoso Congreso peruano no dio tregua a Kuczynski hasta forzarlo a renunciar a la presidencia en marzo.
Keiko no es miembro del Congreso, pero todas sus resoluciones eran dictadas por ella desde las sombras, aprovechando la amplia mayoría que tiene en el parlamento desde 2016.
Unos ‘chats’ de Whatsapp y Telegram de Keiko y sus legisladores, presentados por el fiscal como evidencias en la audiencia, confirman la “sumisión” de los parlamentarios de Fuerza Popular a sus dictámenes.
Incluso Keiko les ordenaba cuando debían aplaudir un discurso o cuando debían quedarse indiferentes, según los chats.
Pero el desgaste por los problemas judiciales de Keiko, sus disputas familiares y su oposición obstruccionista, ya le pasó factura en las elecciones locales del 7 de octubre, en las que Fuerza Popular no ganó ninguna de las 25 gobernaciones ni alcaldías importantes.
La popularidad de Keiko se ha desplomado, con 86% de desaprobación, nivel comparable solo al de su padre cuando colapsó su gobierno por un escándalo de corrupción generalizada y se marchó a Japón.
El expresidente de ancestros japoneses, de 80 años, está internado en una clínica en calidad de detenido desde que hace 23 días la justicia anulara el indulto que obtuvo mientras cumplía una condena de 25 años por crímenes contra la humanidad y corrupción.
