Una polémica ley de Seguridad Interior en México dio este miércoles un paso más hacia su aprobación, mientras la ONU, el Ombudsman nacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos criticaron fuertemente esta iniciativa que reglamenta el despliegue militar contra el crimen organizado.
Hace dos semanas, la cámara de Diputados levantó polvo al aprobar la iniciativa, por lo que el presidente Enrique Peña Nieto pidió a los legisladores realizar consultas para “escuchar todas las voces”.
Y la noche del miércoles, las comisiones en el Senado “aprobaron por mayoría, en lo general, la minuta de la Ley de Seguridad Interior”, indica un comunicado del legislativo.
Ahora, la iniciativa -que sufrió varios cambios- pasará al pleno del Senado para luego ser reenviada a los diputados.
Pero el Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hicieron “un llamado urgente” al Estado mexicano para abstenerse de aprobar esta ley que busca dar marco legal a la actuación de las fuerzas armadas.
Esta postura fue secundada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de Twitter.
A finales de 2006, el gobierno lanzó a las calles una controvertida ofensiva militar antidrogas, generando una ola de violencia que ha dejado más de 196.000 muertos y 30.000 desaparecidos, según cifras oficiales que no precisan cuántas de las víctimas están relacionadas al crimen organizado.
Además, a raíz de este operativo surgieron numerosas denuncias de abusos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de las fuerzas armadas.
Así, la ONU y la CNDH rechazaron la nueva ley y pidieron que el Estado mexicano atienda “sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos”.
Acalorado debate
La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), defendió la nueva ley al considerar que “en la última década, el país ha atravesado por una crisis (que) rebasa el umbral de la Seguridad Pública, y pone en riesgo la Seguridad Interior”, informó el Senado.
De su lado, el senador Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa Nacional por el conservador Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que el debate ha sido amplio y negó que se haya dado un “procedimiento atropellado” o “fast track” para aprobar el proyecto.
Pero la senadora Angélica de la Peña, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, dijo a la Agence France-Presse que “las modificaciones (que se hicieron a la ley) son insuficientes, un maquillaje, no consideran todas las propuestas que han hecho expertos, ONG y organismos internacionales”.
Esta ley, apoyada por el PRI y el PAN, parece un “decreto” presidencial, señaló.
Políticos y voces de la sociedad civil han señalado que la ley conduciría a una militarización del país y podría agravar la violencia en México.
En tanto, un centenar de personas salieron a las calles de Ciudad de México para protestar contra la iniciativa.
Aprobación “inaudita”
Varias universidades también se mostraron detractoras y abogaron por un diálogo nacional que “dé voz a las víctimas de la violencia y privilegie los argumentos basados en la evidencia, el conocimiento científico”.
La aprobación de esta iniciativa “corre el riesgo de repetir un patrón fallido de seguridad, sin que los legisladores y nadie más puedan prever las consecuencias”, indica un comunicado firmado por rectores de instituciones como la pública Universidad Nacional Autónoma de México y la privada Universidad Iberoamericana.
Por su parte, la alemana Evelyne Gebhardt, miembro del Parlamento Europeo, expresó su “gran preocupación” sobre la posible promulgación de esta iniciativa.
“Es inaudita la forma en la que las comisiones dictaminadoras del Senado han pasado por alto todas las observaciones y advertencias de sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos sobre los efectos perversos” de esta ley, dijo Tania Reneaum, directora de Amnistía Internacional México.
Una decena de comisiones estatales de derechos humanos también rechazaron la nueva ley mientras que la CNDH dijo en días recientes que prepara una acción de inconstitucionalidad en caso de que el proyecto sea aprobado.
