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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en Sudán asesinaron a un alto responsable humanitario, Abbas Adam, y a miembros de su familia al intentar huir de El Fasher. Además, arrestaron a tres ministros del gobierno local y capturaron a funcionarios del Comité de Emergencia Sanitaria. Tras tomar control de la ciudad, las RSF cometieron violaciones generalizadas contra civiles. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución para investigar las atrocidades, condenando los actos de violencia, detenciones arbitrarias y violencia sexual.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que el 26 de octubre tomaron el control de la localidad clave de El Fasher en Sudán, asesinaron a un alto responsable humanitario y a miembros de su familia mientras intentaban huir de la ciudad.

Según detallan medios locales como Sudan Tribune, las milicias mataron a Abbas Adam, Comisionado de Ayuda Humanitaria, así como a integrantes de su núcleo familiar.

A su vez, arrestaron a tres ministros del gobierno del estado de Darfur del Norte: el ministro de Salud, Dr. Khadija Musa, el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Suleiman Jibril, y el ministro de Medio Ambiente, Al-Tayeb Baraka.

Un funcionario del gobierno aseguró además que las RSF capturaron a un gran número de funcionarios y miembros del Comité de Emergencia Sanitaria en Darfur del Norte.

Luego de tomar el control de El Fasher, último gran bastión que conservaba el ejército sudanés en la región occidental de Darfur, las RSF cometieron violaciones generalizadas que afectaron a miles de civiles, incluyendo asesinatos, saqueos, arrestos y desplazamientos forzados.

En tanto, este viernes el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que ordena a su misión en Sudán una nueva investigación urgente sobre las atrocidades cometidas en El Fasher.

La resolución, propuesta inicialmente por Reino Unido junto a otros países europeos, condena las “presuntas atrocidades” cometidas por las paramilitares tras su asalto de la ciudad.

Entre ellas se denunciaron “homicidios por motivos étnicos, actos de tortura, ejecuciones sumarias y la detención arbitraria de civiles, así como violaciones y otras formas de violencia sexual y de género”.

La resolución alertó de que más de 200.000 personas, entre ellas 130.000 niños, siguen atrapadas a la ciudad y en riesgo de seguir sufriendo esta violencia indiscriminada.