Exfiscal Arias y Escudo de las Américas: "No puede estar toda la información en manos de EEUU"

El exfiscal regional Emiliano Arias abordó en Tema del Día de BioBioTV los alcances de la decisión de Chile de incorporarse al denominado Escudo de las Américas, iniciativa promovida por Estados Unidos para reforzar la coordinación regional frente al crimen organizado transnacional.

En conversación con Néstor Aburto, Arias —quien encabezó la Fiscalía Regional de O’Higgins— sostuvo que el país ya cuenta con mecanismos formales de cooperación internacional para recibir y procesar información de agencias como la DEA y el FBI.

Según explicó, esos antecedentes ingresan habitualmente a través de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía Nacional y son derivados a los fiscales que mantienen investigaciones vigentes. A ello se suma la coordinación directa con agentes de enlace destinados en la embajada estadounidense, en particular para analizar fenómenos criminales transnacionales y orientar indagatorias.

“El trabajo conjunto es esencial y muy útil”, afirmó Arias. Sin embargo, planteó que la novedad concreta del Escudo de las Américas todavía no está suficientemente definida para el caso chileno.

El exfiscal recordó que, desde la puesta en marcha de la reforma procesal penal, Chile ha desarrollado operaciones y coordinaciones con agencias extranjeras. Citó como ejemplo una investigación por desvío de efedrina desde el Aeropuerto de Santiago hacia México, caso en que la DEA advirtió que la sustancia era utilizada como precursor para la elaboración de droga y que estaba vinculada al Cartel del Golfo.

Arias también mencionó el caso conocido como “Rey del Oro”, donde alertas entregadas por el FBI permitieron conocer movimientos y distribución de oro en Estados Unidos y detectar que parte del metal provenía de minería ilegal en Madre de Dios, Perú, pero ingresaba al mercado como si fuera de origen chileno.

“El problema es que ya tenemos el marco jurídico necesario y suficiente”, dijo. A su juicio, los tratados internacionales, las extradiciones, los equipos conjuntos de investigación y los convenios de cooperación permiten desarrollar diligencias con otros países sin crear estructuras paralelas.

El abogado fue enfático en advertir que agencias como la DEA o el FBI no pueden realizar operaciones policiales directas en Chile. Su rol, precisó, puede ser de coordinación e intercambio de información, pero cualquier diligencia intrusiva debe ajustarse a la legislación chilena, bajo conocimiento de fiscales y autorización judicial cuando corresponda.

Arias sostuvo que una plataforma regional de información no puede operar sin límites claros. “No puede ser que toda la información esté en manos de todos, y tampoco puede ser que toda la información esté en manos de Estados Unidos”, afirmó, al advertir que los países no participan de estas instancias en condiciones equivalentes y que los datos pueden referirse a fenómenos criminales que no necesariamente tienen relevancia penal en Chile.

Por ello, planteó que, si la iniciativa busca compartir antecedentes útiles para investigaciones penales, debe pasar por una ley, un tratado o quedar expresamente enmarcada en los instrumentos internacionales ya vigentes. “La investigación penal afecta derechos de las personas”, señaló, por lo que no puede sustentarse únicamente en una declaración de intenciones o en acuerdos de capacitación.

El exfiscal identificó, además, el lavado de activos como el área más débil de la persecución penal chilena frente al crimen organizado. Valoró las investigaciones que han detectado el uso de múltiples cuentas y criptomonedas, pero sostuvo que el desafío mayor está en estructuras financieras más complejas.

“Es el más importante y es donde estamos más al debe”, afirmó. En esa línea, advirtió que organizaciones como carteles mexicanos, mafias chinas u otras redes transnacionales requieren mover grandes flujos de dinero mediante mecanismos que pueden incluir casas de cambio, sociedades y otras vías más sofisticadas.

Arias concluyó que cualquier fortalecimiento tecnológico, de análisis de datos o de inteligencia financiera puede ser útil. Pero insistió en que debe operar bajo reglas conocidas, control institucional y respeto irrestricto de la soberanía y de las garantías que rigen una investigación penal.