Bassaletti (IND-REP): "El Partido Comunista proclama la dictadura del proletariado"

El diputado Enrique Bassaletti, general en retiro de Carabineros y exalumno del Instituto Nacional, conversa con BBCL para abordar temas de la agenda nacional: desde la crisis por el ingreso irregular de niños haitianos hasta la Ley Naín-Retamal, que en las últimas semanas volvió al centro del debate.

A esto se suma la situación de los colegios emblemáticos y las falencias del sistema penitenciario. Con una mirada más bien crítica hacia el sistema de justicia penal y cuestionando las ideas del Partido Comunista, el parlamentario oficialista plantea la necesidad de reformas en seguridad pública y educación, al tiempo que defiende la presunción de legítima defensa para las policías y propone endurecer las sanciones contra la corrupción en la función pública.

El excarabinero también fue consultado por la gestión del gobierno anterior con la institución. “Yo tengo muchas diferencias y críticas con el expresidente Boric, pero en eso yo le creo, yo le creo que él haya tenido un cambio de actitud para la institución de Carabineros”, dijo.

—Contingencia. En el caso del ingreso masivo de niñas, niños y adolescentes de nacionalidad haitiana. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué falló?

Lo primero que tengo que decir es que, en cuatro décadas de experiencia en materia de seguridad pública y viviendo distintas crisis que ha habido en Chile, yo diría que esta está dentro de las primeras que dan cuenta de una falla bien sistémica. Es bien impresentable que las explicaciones que hemos escuchado, tanto en el Senado como en la Cámara.

Aquí estamos frente a cuestiones impresentables porque se sabían del año 2018, pero fundamentalmente del 2022 y 2023. Se hicieron oficios, se hicieron consultas de un organismo a otro, pero nadie finalmente resolvió. Incluso hay antecedentes de que la Fiscalía habría tenido denuncias y no las investigó, pensando que no había delito en ello. Hoy día tenemos una incertidumbre inmensa de dónde puede estar el destino de más de prácticamente 200 niños; han ido apareciendo, pero esto refleja una crisis profunda en la institucionalidad chilena respecto a esta materia.

—La bancada del PC ingresó un proyecto para derogar la presunción de legítima defensa en la Ley Naín-Retamal, además de buscar restituir una redacción anterior del delito de apremios ilegítimos. Es algo que respalda el Frente Amplio, pero que no genera un consenso en la oposición. ¿Cuál es su opinión al respecto? Tanto de la iniciativa como del hecho de que no generó un acuerdo en dicho sector.

Yo voy a partir de lo general a lo particular. He sostenido en varias ocasiones y sigo manteniendo, y a veces, hay situaciones como la que usted me pregunta, que más profundizan la duda de si acaso el Partido Comunista realmente tiene credenciales democráticas. Yo no digo derechamente que no las tenga, pero me da mucha duda su conducta, su comportamiento, su falta decisiva de rechazo a la violencia. Concentrado en esta pregunta, quiero recordar que hubo un consenso bien importante cuando se aprobó la ley Naín-Retamal que vale la pena insistir que no se trata de nada que tenga que ver con la impunidad, sino de establecer un beneficio que, por lo demás, existe en el Código Penal para los chilenos comunes y corrientes: la legítima defensa privilegiada. Es decir, en el caso de los carabineros, en función de su labor de control del crimen y la probabilidad de encontrarse con delincuentes en flagrancia que los obligue a hacer uso de sus armas de fuego y produzcan lesión, daño o incluso una muerte, se presume mientras se investiga que no actuaron de mala fe, que no actuaron con dolo, sino cubiertos por esta legítima defensa. Ojo, si en el transcurso de la investigación se establece que no fue así, que no se siguió la regla o que hubo dolo en producir de manera consciente esa lesión o muerte injustificada, por supuesto que tengan las penas y la persecución que corresponda. Pero cuando el Partido Comunista aparece con esta iniciativa, en un momento en que todos los sectores políticos, con nuestras diferencias, tenemos conciencia de que hoy se requiere actuar de manera firme, decidida y protegida contra el crimen organizado, el narcotráfico y todas estas expresiones que nos tienen en crisis de seguridad, ellos retroceden y ponen en duda la legitimidad de esa defensa… yo creo que hay dos alternativas. Esto muestra una falta de consecuencia enorme con el objetivo nacional de darle más y mejores herramientas a las policías, al Ministerio Público, a Gendarmería, pero yo también creo que el Partido Comunista le habla a su galería. Es una hipótesis porque yo me he preguntado: ¿por qué aparecen en esa lógica? Ideológicamente, los supera la razón, o que esa es su razón, o tienen que hablarle a su galería, a las expresiones que son totalmente contrarias al orden, a la seguridad, a la fuerza pública, que atacan permanentemente a Carabineros y las Fuerzas Armadas. Eso es.

—¿Esa galería la vincula a violencia?

Esa fue la mejor expresión durante el estallido social, cuando uno va a revisar archivo y ve las acusaciones falsas, por ejemplo de la entonces diputada (Karol) Cariola, con una cuestión tan grave que gatilló, yo estoy seguro, la violencia extrema que vino después, con este eventual centro de tortura en la Estación Baquedano. Y no fue la única; hubo más. Entonces, yo vuelvo a insistir, el Partido Comunista, yo al menos no he escuchado de manera decidida, sin ningún pero, rechazar la violencia (…) eso es lo que yo pongo en duda respecto a sus credenciales democráticas. ¿Realmente creen en la democracia? O la ven como un instrumento para lo que ellos mismos proclaman en toda su filosofía, que es la dictadura, ojo con el nombre, la dictadura del proletariado. Yo creo que ellos están muy complicados porque no pueden andar saliendo a llamar a la violencia, pero esto es una manera bien encubierta, bien solapada, de ser condescendientes con estos movimientos que se han visto desde que llegó el presidente (José Antonio) Kast y volvieron los overoles blancos en los colegios emblemáticos, manifestaciones con características violentas en la calle. Por ahí va la línea.

—El gobierno, en voz del subsecretario Máximo Pavez, anunció una revisión total de las pensiones de gracia. ¿Cuál es su postura? ¿Se debe analizar cada una o las eliminaría en su totalidad, en el caso de beneficiados del estallido social, por ejemplo?

Yo voy a ser consecuente con mi formación, con lo que siempre he sostenido. Yo sí soy creyente y adhiero a lo que es el Estado de Derecho y, en este caso, a los principios que regulan el debido proceso, lo que tiene que ver con el principio de inocencia. Entonces, yo partiría por revisar. Yo no haría una medida general, revisaría caso a caso, aun cuando la evidencia es bien contundente porque ha habido casos, pero también uno observa… Yo estuve participando en aquella época como general de Carabineros y para mí era evidente que a muchas de las personas la administración anterior les concedió este derecho, no lo merecían y era artificial (…) Sin embargo, doy el beneficio de la duda y bien vale la pena revisar caso a caso.

—En el contexto del anuncio del Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, desde el PDG propusieron crear un “Registro Nacional Anticorruptos” enfocado en delitos económicos y de corrupción. ¿Qué le parece esa iniciativa? ¿La respaldaría?

Yo creo que uno de los flagelos más importantes que tenemos en nuestra sociedad en las últimas décadas tiene dos dimensiones, pero están muy vinculadas: el crimen organizado y toda esa irrupción en el ambiente criminal criollo de mayor violencia, el sicariato, agarrar personas y cortarlas en pedazos…. todas estas cosas que están muy tomadas de la mano con lo que es la corrupción y, por lo tanto, los actos de corrupción deben ser brutalmente atacados por parte de toda la fuerza del Estado, prevenidos y le voy a decir algo más. Esto puede ser especial, pero si yo alguna vez pudiera, revisaría esta norma, no el principio que está detrás de que somos todos iguales ante la ley, sino que tiene que ver con otros privilegios. Yo quiero dar un paso distinto.

—¿Cuál?

Hay ciertas personas que, por sus cargos y su autoridad, como por ejemplo un policía, un militar, un diputado, un ministro de Estado, un jefe de servicio público, personas cuya conducta afecta un bien jurídico mucho más allá del delito mismo. No sé si me explico. Es decir, no es lo mismo que un tipo haga una estafa telefónica en una cárcel a que un personero público haga una estafa que impacte a todos los chilenos, como se está investigando en estos casos de fraude relacionado con las fundaciones.

—¿Tendría que ser una pena mayor?

Yo creo que tiene que ser una pena mayor y acompañada de otras circunstancias que sean especialmente gravosas. Por lo tanto, yendo a la pregunta original, a mí me resulta atractiva la idea que está proponiendo el PDG y probablemente se quede corta respecto a lo que yo piense de las personas corruptas de cuello y corbata (…) Hay que conocer el detalle y el contenido, pero me gusta la idea.

—Para confirmar, cuando habla de personas como autoridades, ¿incluiría a integrantes de las policías y Fuerzas Armadas?

Sí, servicios públicos… No sé si me explico bien, pero el impacto que tiene la decisión de cometer fraude en esos segmentos afecta a la fe pública (…) En el caso de los niños haitianos, ¿qué pasa si aquí había personas que ya no por error, por falla, negligencia o laxitud, sino que directamente hayan sido parte de un circuito criminal para atraer menores y hayan sido pagados? ¿No le parece que esa sanción debe ser ejemplificadora? Porque pone en duda el Estado en su financiamiento, la fe pública.

—Ud. es exalumno del Instituto Nacional. ¿Cómo observa la situación de ese liceo emblemático? Por amenazas de tiroteo, incluso se han realizado clases online. ¿Es suficiente con Escuelas Protegidas o cree que se debe avanzar en otro tipo de iniciativas?

No existe una bala de plata. Esto es como la enfermedad de cualquier persona, dependiendo de si esa enfermedad es identificada y tratada a tiempo, probablemente quede ahí y no haya que hacer grandes acciones para evitar que se siga deteriorando, pero en el caso de lo que es la educación en Chile en general, estamos en una crisis tremenda. Hablemos de pacientes en la UCI y, probablemente, una de las primeras cosas que se tenga que hacer es sacarlo de esa condición tan grave y tan riesgosa.

Si usted me pregunta si Escuelas Protegidas va a salvar esta situación para reponerla, la respuesta es no, porque el paciente está en la UCI, pero primero démosle tranquilidad a los alumnos, al cuerpo docente, a los padres, de que hay medidas para poder prevenir que se cometan delitos en los colegios. Acá entran niños con armas, con drogas, con combustible. Por otro lado, y paralelamente, hay que avanzar en buscar un modelo, como lo ha anunciado el gobierno, y por lo menos terminamos con la tomboleta (…) Y ahora habrá que buscar un mecanismo de reponer la posibilidad de que las personas, las familias tengan una oportunidad real y que esos niños solo con el mérito, con la dedicación, puedan llegar a escalar socialmente hasta donde los lleven su interés, su capacidad y su esfuerzo. Hoy día eso está interrumpido.

—Ha dicho que hay crisis de seguridad en Chile, ha hablado de impunidad y de pasarse “tres pueblos con las garantías”. ¿Podría profundizar en esa crítica? ¿Es hacia el sistema procesal penal?

Efectivamente, entre el año 2000 y 2005, se instaló en Chile una reforma que modificó la persecución penal e incorporó un modelo en donde se cambió el sistema inquisitivo por uno acusatorio. El inquisitivo tenía muchos problemas o tiene, porque a los militares de la época del gobierno militar se les juzga por el modelo inquisitivo. Es un sistema donde los derechos de los imputados están bastante diezmados (…) Y Chile merecía avanzar a un sistema más justo, que es el que yo le señalo, y eso está muy bien. Yo nunca voy a tener un reparo respecto a eso, todo lo contrario. Sin embargo, este nuevo sistema —que ya no es tan nuevo— acusatorio, cuando yo digo que se pasó tres pueblos, es porque la garantía es bienvenida, pero no al punto, como yo sostengo, que se convirtió en una disminución importante del costo de oportunidad de la persona que ha tomado la decisión de cometer un delito. ¿Por qué? Hay una impunidad entendida como que para que alguien que cometió un delito vaya a la cárcel es una quimera, porque las medidas cautelares cuando se le investiga, salvo la prisión preventiva, pero el arresto domiciliario, el firmar cada 15 días, el no acercarse a la víctima, eso no se cumple (…) Mucha gente nos dice: tienen que endurecer las leyes. Yo le voy a decir algo y me hago responsable, la legislación chilena en materia penal sanciona de manera bastante importante; si uno hace una comparación internacional, no está el problema en las penas; generalmente está en el proceso, en personas que son condenadas, pero teniendo buena conducta y generando ciertas condiciones, en muchos casos, salen y vuelven a cometer delitos. Tercero, hoy día no hay un verdadero resultado en materia de reinserción porque yo tampoco quiero que parezca como que todo tiene que ser punitivo; por supuesto que es una herramienta que tiene el Estado, pero también la otra mano es poder reformar a personas que podrían cambiar su conducta. Y también vemos que ahí los resultados son vagos.

—¿Y cómo ve la situación de las cárceles? Expertos han advertido de una especie de “escuela delictiva” en los recintos. Entonces, ¿qué medidas se podrían tomar para contrarrestar esa problemática?

Hay todo un plan que está ejecutando el gobierno que tiene que ver con una reformulación, de hecho, el gobierno anterior alcanzó y nosotros estamos materializando, el hecho de que Gendarmería pase al Ministerio de Seguridad Pública, pero eso viene acompañado también con un cambio en su Ley Orgánica para poder también asegurarse de que la formación, de que los procesos de carrera sean coherentes con esta transformación que queremos del sistema penal completo, partiendo por cuestiones formativas y terminando por temas de prevención de la corrupción. Pero además también, y aquí viene lo más importante, es que el sistema carcelario chileno tiene que ser corregido y se han mirado experiencias internacionales, como por ejemplo en Italia, de la segregación de los delincuentes con mayor compromiso criminal. En el caso de Italia, las mafias; acá en Chile será el crimen organizado porque esto que me dice usted de las escuelas, tiene alumnos y profesores. Lo que hay que segregar, aislar y ponerle una condición muy dura son a los tipos que tienen un compromiso criminal muy potente, que son los que no solo contaminan al resto, los extorsionan, los someten y los integran a sus bandas criminales. Entonces, ahí viene un segundo pilar, una transformación en términos de segregar nuestras cárceles. Y el tercer elemento, no menor, es también mejorar las condiciones para los internos porque hoy día no es aceptable que tengamos un nivel de hacinamiento como el que se exhibe en las cárceles chilenas (…) Así no se puede esperar que se generen condiciones de reinserción de nadie.

—Como general (r), ¿cómo evalúa que fue la gestión del gobierno anterior con la institución? Se ha destacado la mejora en equipamiento y el respaldo público a la institución por parte del en ese entonces presidente. ¿Cree que se vio fortalecido Carabineros durante la gestión de Boric?

Yo ya no estaba en Carabineros. Esto ha pasado, yo estuve, como le digo, casi cuatro décadas en la institución (…) ¿Sabe qué? Y eso lo digo con mucha propiedad, hay muchos mitos, hay miradas ideológicas respecto a los carabineros de uno u otro sector, pero ambos terminan por reconocer que los valores que tiene la institución, de nobleza, de espíritu, de sacrificio, de estar realmente comprometidos con el país, los lleva primero a cuidarlos. No me sorprende mucho que Boric haya tenido ese cambio de actitud desde que era dirigente estudiantil, su lenguaje, diputado y lo que fue como presidente, porque cuando usted tiene el sartén por el mango, está obligado a conocer cada una de las instituciones de las cuales usted es su jefe. Entonces, no me sorprendería que sea genuino el hecho del cambio de actitud del expresidente respecto de una institución que pensaba refundar, pues.

—Por eso se lo pregunto igual.

Mire, yo tengo muchas diferencias y críticas con el expresidente Boric, pero en eso yo le creo, yo le creo que él haya tenido un cambio de actitud para la institución de Carabineros. No conozco el detalle del apoyo; parece que no fue muy suficiente porque uno ve que hay menos carabineros y que tienen muchos problemas todavía con los recursos para operar, pero no quiero hacer un juicio de valor, solo decir que no me sorprendería. El expresidente Ricardo Lagos y la expresidenta Michelle Bachelet, socialista, fueron muy coherentes y muy consecuentes con la función policial.

—Esta semana, el Tricel rechazó las cuentas de ingresos y gastos electorales de su campaña a la alcaldía de Maipú y le objetó más de $16 millones, un 21% total. ¿Hace algún mea culpa al respecto? ¿A qué responde esa situación?

Primero, despejar cualquier duda que pueda parecer de que aquí hubo un acto de corrupción ni nada de eso. Son (cosas) técnicas que yo no quiero adelantar porque estoy viendo con los abogados qué hacemos. Son bien cuestionables desde el punto de vista del sentido común que se aplicó en mi caso… aquí no hay ningún gasto raro, o que no fue plata que entró por aquí o por allá. Yo he sido siempre supercuidadoso con este tema porque, además, ya me escuchó, yo soy supercrítico con la corrupción. Sin embargo, el hecho concreto es que hay observaciones en el 21,5% de toda la cuenta, yo pedí un préstamo, no tengo aportes de empresa ni ninguna cosa. Y por esa razón, de que se objetó más del 20%, qué sé yo, por el transporte porque los vehículos no sé qué, que a la factura le faltó no sé cuánto. Eran materias que yo le encargué al administrador de la campaña y no se cumplieron según la visión que tiene el Servel por determinados protocolos. A mí me parece irrazonable. Eso es muy injusto porque me produce un problema económico grave, porque yo pedí dinero prestado a un banco; aunque ya lo estoy pagando, pero no es justo porque yo no he cometido ninguna irregularidad. Bueno, si el 21% tuvo problemas, bueno, descuéntenme eso.

—¿Lo tiene que devolver?

Usted entenderá que a esta altura del partido, porque esto fue en 2024, ya pedí un préstamo de consumo y lo estoy pagando; no hay problema con eso, pero yo lo encuentro bien tirado de las mechas, bien injusto. Todavía queda una posibilidad de que esto se revierta, pero no es más que eso.