Iba a ser la expropiación más cara de los últimos 20 años en Chile, pero el ministro de Vivienda, Iván Poduje, instruyó su desistimiento. Ahora, los dueños del Clup Hípico de Punta Arenas iniciaron una acción judicial exigiendo indemnizaciones que oscilarían entre los $573 millones y $2.179 millones.
Esto en base a los “perjuicios causados por la expropiación desistida”, según pudo conocer Diario Financiero.
Según la demanda, la compañía sostiene que no buscan abordar si fue legal la expropiación o el desestimiento, sino las “consecuencias patrimoniales” de esto último.
Club Hípico de Punta Arenas pide indemnización al Estado por fallida expropiación
Así, apuntan a un daño emergente -por los desembolsos que debió incurrir la sociedad dueña del Club-; lucro cesante -ya que afirman que durante la tramitación de la expropiación, se vieron afectadas las actividades del inmueble y se vieron imposibilidades de generar nuevos flujos y oportunidades de negocio- y costo de oportunidad de los intereses.
En esto último, argumentan que el Estado tuvo el dominio del bien durante el período, mientras que los dueños del Club fueron titulares de los fondos en el tribunal y, como tal, acreedor de los intereses de los fondos, por lo que esos intereses “constituyen parte del patrimonio del expropiado y deben ser considerados dentro de la evaluación económica del perjuicio”, dijeron los abogados de la sociedad a DF.
En total, los $573 millones son la suma de estos perjuicios, mientras que los $2,1 mil millones corresponden a una indemnización del 10%, considerando que en las transacciones de bienes inmuebles entre privados, la parte vendedora recibe una indemnización por aproximadamente este porcentaje.
Consultados por BioBioChile, desde el Minvu emitieron una declaración posterior a la noticia, donde confirmaron que tomaron conocimiento de la acción judicial, y recalcaron que el desistimiento en la compra del terreno “responde a una decisión responsable en el uso de los recursos públicos”.
“Como Ministerio, estamos impulsando una política activa para disponer de terrenos fiscales que actualmente se encuentran sin uso, a través de traspasos desde Bienes Nacionales al Minvu, con el objetivo de destinarlos a la construcción de viviendas para las familias que más lo necesitan.
En ese contexto, no resulta justificable comprometer montos desproporcionados en una operación de estas características, especialmente cuando existen alternativas que permiten avanzar en soluciones habitacionales resguardando el buen uso de los recursos del Estado”, concluyeron.
En diciembre de 2025, el entonces gobierno del expresidente Gabriel Boric publicó en el Diario Oficial la resolución para expropiar las 20 hectáreas de terreno, en el marco del Plan Ciudades Justas y el Plan de Emergencia Habitacional, estimando una indemnización de $21.030 millones (US$22,7 millones o 553.712,48 UF) según la tasación establecida para este fin.
La idea original era transformar el terreno en un parque urbano con espacios públicos, áreas verdes y equipamiento comunitario, sumado a una pequeña parte de viviendas tuteladas para personas mayores.
Sin embargo, los dueños del hipódromo ingresaron una reclamación para exigir al menos $48.939 millones (US$53,8 millones), es decir, más del doble de lo que ofrecía el Serviu. Como argumentos, afirmaron que la tasación fue “incompleta, imprecisa y vaga”, no ponderando adecuadamente el daño “real, efectivo o verdadero” en el patrimonio de la sociedad.
Finalmente, el ministro Iván Poduje instruyó al Serviu de Magallanes desistir del proceso, ya que el desembolso “de significancia presupuesta” no resultaría compatible con el recorte fiscal que atraviesa el Ejecutivo. Con ello, se dispuso que el tribunal retenga los montos de la expropiación mientras en el Gobierno ponderan la continuidad del proceso.
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