Lo que se prevé como la expropiación más cuantiosa de un terreno en los últimos 20 años en Chile está protagonizando una disputa entre el Serviu de Magallanes y el Club Hípico de Punta Arenas.
El Gobierno del expresidente Boric determinó, mediante resoluciones del citado Serviu publicadas el 1 de diciembre en el Diario Oficial, que se expropiaran las 20 hectáreas de terreno del club en el marco del Plan Ciudades Justas y el Plan de Emergencia Habitacional, estimando una indemnización de $21.030 millones (US$22,7 millones o 553.712,48 UF) según la tasación establecida para este fin.
Dentro de los planes del ejecutivo está la transformación del terreno en un parque urbano con espacios públicos, áreas verdes y equipamiento comunitario, sumado a una pequeña parte de viviendas tuteladas para personas mayores.
La disputa por la expropiación del Club Hípico de Punta Arenas
Sin embarg, según reveló Diario Financiero, el 19 de marzo la sociedad anónima encargada de administrar el recinto en el extremo sur del país -y que fue constituída en 1911- ingresó una reclamación donde exige elevar el monto hasta, al menos, $48.939 millones (US$53,8 millones).
Entre los arguentos que presentó la defensa de la empresa -consignados por DF-, se acusa que la comisión de peritos encargada de la tasación describió el inmueble “de manera absolutamente incompleta, imprecisa y vaga”, por lo que “no ponderó adecuadamente el daño real, efectivo o verdadero provocado en el patrimonio de mi representada Club Hípico de Punta Arenas S.A”.
En este sentido, la parte reclamante sostuvo a la justicia que para la tasación se usó un método comparativo de mercado con una muestra de quince valores referenciales, siendo la mayoría de ellos ofertas (13) más una tasación bancaria y una compraventa.
Según ellos, “las ofertas no representan valores reales sino expectativas de valores de cierre sin la calidad realista y objetiva que entregan los valores de compraventa reales”, citó Diario Financiero. Así, en la reclamación se sostuvo que se deben usar el máximo de referencias de compraventas efectivas, las cuales existen en el Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas.
Por ello, es que exigen que el monto de la indemnización se eleve porque, a juicio de los dueños del hipódromo, no refleja los perjuicios que provocará la planteada expropiación.