En medio de la controversia abierta por el informe de fiscalización del Poder Judicial —que detectó incumplimientos por más de 30 años en notarías y conservadores—, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile emitió una declaración pública para fijar posición y contener el impacto institucional.
El gremio sostiene que la supervisión ha existido y se ha ejercido dentro del marco normativo.
“Los oficios han sido fiscalizados a lo largo del país por los señores fiscales judiciales (…) de manera mayoritariamente proactiva”, afirman, enfatizando que dichas revisiones se han realizado “al amparo y dentro de la normativa legal vigente”. Con ello, buscan contrarrestar el reproche que apunta a falencias estructurales en los mecanismos de control.
Seguros ante indemnizaciones
Uno de los focos del cuestionamiento, las fianzas exigidas a notarios y conservadores, es abordado directamente.
La asociación explica que el sistema de cauciones vigente en el Código Orgánico de Tribunales exigía su constitución al momento de asumir el cargo, admitiendo que las más antiguas podían requerir actualización. Sin embargo, recalcan que “más del 70% de nuestros asociados han tomado pólizas de seguros de responsabilidad civil adicionales”, incluso por montos superiores a los exigidos por ley.
Añaden que este mecanismo ha sido promovido por el gremio por más de 28 años como una forma de responder ante eventuales indemnizaciones.
Respecto de la declaración de intereses y patrimonio, otro de los ejes del informe, el comunicado traslada la responsabilidad de control a las fiscalías judiciales.
“La Corte Suprema estableció que las fiscalías judiciales son las encargadas de llevar el control de su cumplimiento, labor que han cumplido a cabalidad”, sostienen, descartando irregularidades generalizadas en esta materia.
En cuanto a la contratación de familiares, una práctica cuestionada en el debate público, la asociación fija un límite jurídico: la nueva normativa no puede aplicarse retroactivamente. Argumentan que en estos casos prevalece el Código del Trabajo y la protección de los derechos adquiridos, cerrando la puerta a eventuales sanciones por situaciones previas a la entrada en vigencia de la ley.
Finalmente, el gremio toma distancia de la controversia interpretativa abierta tras la nueva legislación.
“No somos los llamados a interpretarla y dicha labor es propia de los tribunales de justicia”, señalan, recordando que la última palabra la tiene la Corte Suprema en su rol de supervisión de los auxiliares de la administración de justicia.
El pronunciamiento se produce en un momento de máxima presión sobre el sistema notarial, luego del informe que expuso déficits históricos en fiscalización y control. La declaración, más que cerrar el debate, instala una línea de defensa institucional: cumplimiento formal de la normativa, responsabilidades distribuidas en el aparato judicial y rechazo a interpretaciones retroactivas que puedan derivar en sanciones.
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