La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que se realice una licitación transitoria del Terminal N°2 del Puerto de Valparaíso para asignar su concesión.
Lo anterior, dijo en un comunicado, para así “garantizar condiciones equitativas de acceso, en lugar de extender hasta diciembre de 2029 la concesión que hoy posee la empresa Terminal Portuario de Valparaíso (TPV)”.
En un informe, la FNE manifestó al Tribunal que la licitación es el mecanismo idóneo para asignar ese derecho de operación y que sus beneficios se traspasen a los usuarios del terminal.
La Fiscalía también advirtió que la operación del Terminal N°2 se desarrolla en un contexto “de baja presión competitiva”, dado que concentra “más del 80% de la carga fraccionada de la región”, segmento en el cual los otros terminales de la región exhiben mayores tiempos de espera y tarifas superiores.
Asegurar la competencia
En su comunicado, la FNE explicó que la concesionaria actual, TPV, ha mantenido rentabilidades positivas y sostenidas desde el inicio de la concesión en 2022.
“Dichos resultados, al ser contrastados con los de otros terminales de uso público, en condiciones comparables (…) demuestran que el Terminal N°2 no sólo se sostiene bajo sus condiciones actuales, sino que además constituye una alternativa atractiva para potenciales interesados en un eventual escenario de licitación”, agregó.
Asimismo, la FNE remarcó que una licitación transitoria podría convocar a diversos interesados, replicando la participación de múltiples oferentes en procesos previos “y asegurando así la competencia por el mercado en beneficio de los usuarios”.
De manera excepcional, y en el evento de que la licitación no reciba ofertas, la FNE dijo que “debería autorizarse la prórroga del contrato vigente, manteniendo las condiciones actuales y sin otorgar ventajas adicionales al concesionario incumbente”.
En definitiva, la Fiscalía sostuvo que la extensión del contrato no constituye una alternativa equivalente ni preferible a la licitación, sino únicamente un mecanismo residual para garantizar la continuidad operativa del terminal.
“El proceso competitivo debe seguir siendo la regla general para resguardar la libre competencia y el interés público en un segmento estratégico del sistema portuario regional”, subrayó en su comunicado la Fiscalía.
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