Nevasa, la empresa apuntada por Itaú Chile en el contexto de un presunto fraude de divisas, volvió a referirse al tema y aseguró que interpuso una denuncia ante fiscalía, afirmando que la empresa analizó “exhaustivamente” algunas situaciones que podrían revestir un “delito cometido por terceros”.
Recordemos que el banco se querelló contra un exsubgerente y tres ejecutivos de Nevasa, luego que un análisis interno apuntara a que el exsubgerente de FX Spot y Monedas, Rodrigo Flores, realizó varias operaciones que favorecerían a Nevasa, dejando un perjuicio que podría ser de hasta US$13 millones.
En este contexto, desde Nevasa, mediante una declaración pública, reiteraron que se mantendrán atentos a la evolución de la investigación por presunto fraude, señalando que adoptarán “todas las medidas necesarias para resguardar el prestigio y confianza de sus clientes y socios estratégicos”.
Nevasa interpone denuncia en el marco de fraude en Itaú
Por otro lado, la corredora dijo que “frente a información de prensa, que aluden a supuestas fallas en nuestros controles y fiscalización, reiteramos que aquello no es efectivo y que Nevasa es una empresa que siempre ha operado bajo estrictos estándares de transparencia y cumplimiento normativo”.
Con ello, llamaron a los actores del proceso legal a “estudiar los antecedentes del caso antes de aventurar juicios y opiniones sobre la responsabilidad de Nevasa en estos hechos”, reiterando que perseguirán la responsabilidad legal de aquellas personas “nos provoquen perjuicio por acusaciones sin fundamento”.
La querella por administración desleal del Banco Itaú surgió luego que un análisis interno arrojara en septiembre de 2024 que hubo diversas operaciones donde, manipulando la plataforma Datatec de la Bolsa Electrónica, se lograba registrar operaciones de divisas antes de tiempo, con un precio más favorable para Nevasa -según Itaú-.
Así, mientras el exsubgerente tomaba los precios más convenientes para sus operaciones, se eliminaba “la incertidumbre propia del mercado spot” de divisas.
Si bien en una primera instancia se apunta a un perjuicio de $2.400 millones, la cifra podría subir a un rango entre US$10 millones y US$13 millones.
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