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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Uber, Cabify y DiDi anuncian que apelarán ante la Contraloría General de la República contra la entrada en vigor del reglamento de la “Ley Uber”, argumentando que el Ministerio de Transportes no consideró muchas de las recomendaciones previamente discutidas y que excedería sus facultades. La normativa, según el senador Juan Luis Castro, busca regular lo que estaba desregulado, mientras que el senador Enrique van Rysselberghe critica su injerencia en el mercado de oferentes. Entre las disposiciones de la ley se incluye la necesidad de una autorización ministerial para los conductores, lo que podría demorar hasta 40 días, así como limitar el número de conductores durante dos años, lo que afectaría el mercado. También se cuestiona la exigencia de inspecciones técnicas más rigurosas para los vehículos, previendo posibles costos adicionales y un mercado secundario.

Las plataformas de transporte Uber, Cabify y DiDi, anunciaron que recurrirán a la Contraloría General de la República para oponerse a la entrada en vigor del reglamento de la “Ley Uber”, promulgada en 2023.

Las empresas reclaman que el Ministerio de Transportes no incluyó mucha de las recomendaciones que ya se habían conversado, y que este excedería sus facultades.

Plataformas de transporte por Ley Uber

Sobre esto, el senador de la comisión de Transporte, Juan Luis Castro, afirmó que la ley normaliza lo que estaba desregulado.

Por otra parte, el también senador de la comisión de Transporte, Enrique van Rysselberghe, afirmó que la ley no debió haberse inmiscuido en el mercado de oferentes.

Una de las indicaciones de la ley es que los conductores deberán tener una autorización ministerial, la cual demoraría hasta 40 días en entregarse.

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Además, consideran que el “congelamiento” del número de conductores por dos años afectará el mercado y reducirá la oferta de servicios.

Otro punto de crítica es la exigencia de inspecciones técnicas más estrictas para los vehículos, lo que podría generar costos adicionales y dar lugar a un mercado secundario.