Con esto se pone fin a meses de incertidumbre sobre el futuro de la salmonera, la cual posee una deuda superior a los US$550 millones.

Luego de meses de incertidumbre en las diversas partes involucradas en el posible cierre de Nova Austral, en la región de Magallanes, hoy se dio a conocer que se da término al proceso de reorganización judicial de la compañía.

Esto luego de que a mediados de junio del 2022 la empresa presentara ante Tribunales su solicitud para iniciar tal proceso, debido a que la propuesta de reestructuración presentada en aquél entonces fuera rechazada por sus prestamistas, contando además con una deuda que llegaba a los US$599 millones.

Propiedad de Nova Austral pasará a manos de principales acreedores

Ahora, se informó que se reestructurará la deuda de la salmonera y se traspasará la propiedad de la misma a los principales acreedores.

Según detalló nuestro medio asociado El Pingüino, la empresa propuso, luego de que se rechazada la propuesta final en diciembre, que se transfiriera el 45% de las acciones de la sociedad a los acreedores, garantizando a través de una línea de crédito y asegurando así el 55% de la propiedad a los principales acreedores.

“Nova Austral valora que el proceso de reorganización judicial culmine de manera positiva con un acuerdo entre las partes”, destacó la empresa que da empleo, de forma directa e indirecta, a más de 2 mil personas.

“Sin duda, este es un paso más en el proyecto que busca darle viabilidad a esta empresa, una tarea en desarrollo que esperamos que se consodile a futuro para que siga contribuyendo a la actividad económica y a la comunidad de Porvenir, con una producción de salmón de calidad comprometida con el respeto por el medio ambiente y el entorno”, expresaron en un escueto comunicado.

A lo largo del proceso, los trabajadores de Nova Austral mostraron en reiteradas ocasiones su preocupación sobre lo que sucedería con la empresa, en especial dado que la misma se alza como el mayor empleador dentro de la zona de Porvenir.

La situación llegó hasta tal punto que los sindicatos pidieron la intervención del Estado Noruego, dado que uno de los principales acreedores es el DNB Bank, entidad financiera controlada por el gobierno de aquél país.