La FNE detectó que la Asociación Gremial de Productores de Huevos realizó gestiones para que una información comercialmente sensible se difundiera a través de un medio de comunicación. Por todo, se comprometió a pagar a beneficio fiscal poco más de US$1 millón y a adoptar una serie de medidas para resguardar la libre competencia.
La Fiscalía Nacional Económica (FNE) entregó detalles de una investigación que hace un tiempo detectó la diseminación de información comercial sensible entre actores del rubro de la producción de huevos.
De acuerdo con los antecedentes recabados por la Fiscalía, la Asociación Gremial de Productores de Huevos de Chile participó en la recolección de información comercialmente sensible de algunos de sus miembros y realizó gestiones para que ésta estuviera disponible para los productores de huevos, y para el mercado en general.
Principalmente, la difusión de esos datos se realizó a través de la Revista del Campo del diario El Mercurio. Los hechos cesaron el año 2018.
Además, la FNE dijo que constató que hasta el año 2020 las empresas productoras de huevos debían pagar anualmente a la asociación una cuota, que se fijaba de acuerdo con la adquisición anual de pollitas ponedoras que realizaba cada productor.
Y para eso, se solicitaba a las empresas incubadoras que reportasen anualmente las ventas de pollitas realizadas a las empresas productoras, tanto asociadas como no asociadas.
Las medidas que se tomaron al respecto
Por todo, la FNE y la Asociación Gremial de Productores de Huevos sometieron a la aprobación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un acuerdo extrajudicial que pone término a la investigación que detectó lo anteriormente relatado.
En el acuerdo, la asociación admitió los hechos constatados por la FNE y se comprometió a pagar 1.150 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a beneficio fiscal, equivalentes a poco más de US$1 millón, y a adoptar una serie de medidas para resguardar la libre competencia en el mercado de producción y comercialización de huevos y productos asociados.
Entre los compromisos se cuentan no volver a incurrir en los hechos señalados, ciñéndose a la ley, a los lineamientos de la Guía de Asociaciones Gremiales de la FNE y a los pronunciamientos del TDLC y de la Corte Suprema en la materia.
Asimismo, mantendrán un sistema de determinación de cuotas sociales que no requiera acceder a datos desagregados de producción de las empresas asociadas o a cualquier información comercialmente sensible cuyo conocimiento pueda influir en el comportamiento competitivo de sus miembros.
Más compromisos
La asociación gremial también deberá contratar una asesoría especializada en libre competencia para revisar y, si fuera necesario, adecuar sus estatutos y demás instrumentos a las normas del DL 211 y, además, “tendrá que implementar un programa de cumplimiento que satisfaga los requisitos establecidos en la Guía de Programas de cumplimiento de la FNE”.
Otros compromisos son realizar un programa de capacitación sobre libre competencia orientado principalmente a sus asociados, publicar el Acuerdo Extrajudicial en su web al menos por un año y entregar una copia de él a cada miembro actual o futuro.
La entrada en vigor del acuerdo está sujeta a la aprobación del TDLC, entidad que debe revisar si éste cautela debidamente la libre competencia en los mercados.
En el Acuerdo acompañado al Tribunal, la FNE puntualizó que la recolección y diseminación de información comercialmente sensible de agentes económicos en un mercado, según las circunstancias del caso, “podría tener la aptitud de afectar la libre competencia, influyendo las decisiones que, de modo totalmente independiente y considerando la incertidumbre propia de la libre competencia, los competidores deben tomar al fijar sus precios u otras condiciones comerciales”.
