La Contraloría General de la República, mediante un dictamen firmado por el contralor Jorge Bermúdez el pasado 15 de junio, determinó que no procede el reembolso a los funcionarios públicos de los gastos por traslados en servicios de transporte terrestre distintos de los regulados, tales como Uber y Cabify.
Lo anterior, basados en informes de la proporcionados por la Subsecretaría de Transportes y el Servicio de Impuestos Internos (SII).
“De la lectura de ambos cuerpos reglamentarios, se advierte que el Estado ha establecido diversas exigencias para la prestación de los antedichos servicios y, por lo tanto, se entiende que las mismas son idóneas para que la actividad de transporte remunerado de pasajeros, tanto público como privado, se desarrolle en condiciones adecuadas de seguridad, calidad, comodidad, eficiencia y racionalidad”, advirtieron.
En ese contexto, la Contraloría determinó que no procede que la administración pública reembolse a sus empleados los gastos en que incurran para su traslado mediante servicios requeridos a través de plataformas tecnológicas, tales como Uber o Cabify.
El caso de esta última llama la atención considerando que paga impuestos en Chile e incluso aparece en el registro de Mercado Público, la plataforma online de licitaciones del Estado, donde su ficha de proveedor señala a la empresa como habilitada para prestar servicios en el sistema público (aunque a la fecha no han prestado formalmente ningún servicio).
En esa misma línea, Cabify señaló a BioBioChile que se trata de una señal contradictoria, ya que existe “una diferenciación importante a nivel de tributación con otras aplicaciones de transporte. Cabify es un empresa legalmente constituida en Chile y reconoce 100% sus ingresos, al igual que los socios conductores”
Por otro lado, recalcó que “el servicio de Cabify Empresas está disponible en la plataforma de Mercado Público y es una categoría altamente solicitada a nivel corporativo”.
En tanto, al ser consultados respecto a esta determinación, Uber declinó referirse al asunto debido a que aquello no afecta la continuidad de sus operaciones.
Airbnb se salva
Pero en medio de este dictamen hubo una plataforma tecnológica que zafó airosa de las restricciones impuestas a sus pares para el uso entre los funcionarios públicos: Contraloría dejó la puerta entreabierta al servicio de hospedaje de Airbnb.
En concreto, la texto explicó que los gastos de alojamiento a raíz de comisiones o cometidos -por el uso de esa plataforma- se encuentran cubiertos por el viático, el cual no está sujeto a rendición.
