La Fiscalía Nacional Económica (FNE) recomendó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) introducir modificaciones normativas a disposiciones contenidas en el Reglamento del Registro Nacional de Contratistas y en el Reglamento para Contratos de Obras Públicas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), cartera de Gobierno que actualmente lidera el ministro Iván Poduje.
Lo anterior, sostuvo la Fiscalía, “para resguardar la libre competencia y mejorar la eficiencia del sistema de contratación de obras públicas” (informe completo al final de esta nota).
En términos generales, la FNE sugirió que el Minvu debería eliminar trabas, evitar riesgos de colusión y hacer más eficientes las obras públicas tras las alertas levantadas por varias constructoras.
Detectó problemas en tres áreas clave: Empresas del mismo dueño, subcontratación sin reglas claras y falta de mecanismos para resolver conflictos. Todo ello -afirmó- tendría directa relación con la incertidumbre, retrasos y mayores costos en la ejecución de los proyectos, así como en la competitividad de las licitaciones.
Lo que detectó la FNE
En un informe presentado al TDLC, en el marco de un expediente de recomendación normativa iniciado a solicitud de diversas empresas constructoras, la FNE advirtió que algunos aspectos de las normativas mencionadas podrían generar restricciones a la libre competencia.
La FNE analizó tres materias en particular, relacionadas con la prohibición de inscripción simultánea de empresas relacionadas en el Registro Nacional de Contratistas del Minvu, el régimen de subcontratación aplicable a las obras contratadas por los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) y los mecanismos de resolución de controversias durante la ejecución de estos contratos.
En el informe elaborado por su División Antimonopolios y difundido por la propia FNE, se señaló que la prohibición de inscripción de empresas relacionadas en un mismo registro o especialidad podría constituir una barrera de entrada para la participación de nuevos oferentes.
Advirtió, por tanto, que la eventual eliminación de dicha prohibición debe ir acompañada de mecanismos “que eviten la participación simultánea de empresas relacionadas en una misma licitación, en línea con las restricciones que actualmente contempla la Ley de Compras Públicas”.
“Estas medidas buscan prevenir riesgos de coordinación, intercambio de información estratégica y competencia simulada entre entidades pertenecientes a un mismo grupo empresarial”, comentó la Fiscalía.
Respecto a la subcontratación, la FNE dijo que la ausencia de una definición específica en la normativa del Minvu genera “espacios de incertidumbre y heterogeneidad en su aplicación”.
Asimismo, observó que los distintos Serviu utilizan criterios diversos respecto de los límites permitidos para subcontratar y de las exigencias aplicables a los subcontratistas, “lo que podría afectar la eficiencia en la ejecución de las obras”.
Para abordar estas situaciones, la FNE recomendó “incorporar una definición expresa de subcontratación, establecer un límite porcentual máximo de subcontratación de carácter nacional y vinculante, prohibir la subcontratación horizontal entre empresas inscritas en un mismo registro y categoría del Registro Nacional de Contratistas del Minvu; y restringir la posibilidad de que los subcontratistas subcontraten las labores que les sean asignadas”.
Finalmente, la FNE también advirtió que la normativa vigente no contempla mecanismos especializados de resolución de conflictos durante la ejecución de los contratos de obras públicas, “lo que genera incertidumbre, retrasos y mayores costos en la ejecución de los proyectos, así como en la competitividad de las licitaciones”.
Para enfrentar ese problema, la institución recomendó implementar mecanismos que las propias partes estimen adecuados, siempre que sean claros, transparentes, predecibles y cuenten con decisiones vinculantes.
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