Las crisis pasan, los protocolos se quedan

En educación, las crisis pasan. Los protocolos se quedan. Tras el ataque que terminó con la muerte de una inspectora en Calama, la ciudadanía exigió respuestas y las autoridades reaccionaron rápidamente con una nueva reforma legal, buscando dar tranquilidad a las familias y proteger a las comunidades escolares.

Promulgada la ley, para las escuelas la historia es otra: deben, una vez más, modificar su reglamento interno, desarrollar protocolos, capacitar personal y ejecutar procedimientos definidos en detalle en el texto legal. Todo ello sin presupuesto adicional, sin horas de formación y con el apremio de la próxima fiscalización, mientras siguen enfrentando los muchos otros desafíos que una nueva norma no hace desaparecer.

Así llega Escuelas Protegidas.

Hay algo conocido sobre cómo se toman decisiones bajo presión: cuando ocurre un hecho grave y visible, la urgencia de actuar suele superar la pregunta por los efectos que tendrá esa respuesta. Frente a una crisis, una nueva ley es una señal visible de acción. Mucho más difícil es fortalecer capacidades cuyos resultados solo se verán con el tiempo.

Escuelas Protegidas busca responder a una preocupación legítima e incorpora elementos valiosos, pero no surge en el vacío. Durante años, el sistema educativo ha ido acumulando normas, protocolos y exigencias creadas para responder a problemas específicos. Con el tiempo, las escuelas han terminado navegando un entramado regulatorio cada vez más difícil de gestionar. Hoy, un equipo directivo debe cumplir 2.936 obligaciones normativas. Cada una puede parecer razonable por separado. El problema aparece cuando se acumulan.

¿Qué ocurre cuando seguimos agregando nuevas obligaciones a un sistema que ya opera al límite de su capacidad de gestión? La pregunta importa porque el objetivo no es acumular protocolos, es construir escuelas más seguras. Y eso exige preguntarse si las nuevas obligaciones fortalecen o debilitan la capacidad de las escuelas para cumplir ese objetivo.

La primera consecuencia la viven los propios equipos directivos. Cuando una parte creciente de su tiempo se destina al compliance, inevitablemente queda menos tiempo para hacer las cosas que verdaderamente agregan valor: acompañar y retroalimentar docentes, observar clases o liderar la convivencia escolar. El 74% de los equipos directivos destina más del 40% de su tiempo a cumplir tareas administrativas.

Pero el problema no es sólo el tiempo, también es la autonomía. Cada nueva obligación deja menos espacio para que los directivos ejerzan su criterio. Y cuando la prioridad pasa a ser cumplir protocolos, también se debilita la capacidad de la escuela para ejercer su rol formativo. Esto se ha agravado en un contexto donde los problemas de convivencia se canalizan cada vez más a través de procedimientos formales y denuncias.

Mientras no empecemos a preguntarnos cuánto le cuesta al sistema cumplir aquello que le exigimos, seguiremos respondiendo a cada crisis con una nueva capa de regulación. Las crisis pasarán, pero los protocolos quedarán. Y serán las escuelas las que absorban ese costo: con menos tiempo para enseñar, menos autonomía para formar y menos capacidad para construir los entornos seguros que la propia regulación busca promover.

María Turner
Pivotes