Señor Director:
Como Consorcio de Universidades del Estado de Chile vemos con mucha preocupación las situaciones vividas por personas que estudiaron en la educación superior del país, que vieron embargadas sus cuentas bancarias por la morosidad que arrastran con el Crédito con Aval del Estado (CAE).
Creemos que no es la forma de abordar el déficit fiscal que ha generado históricamente el CAE para el Estado ni de favorecer el diálogo social, porque dejar a personas sin ningún ingreso -de un momento a otro- tiene repercusiones muy graves no solo para los adultos en situación de morosidad, también para sus familias, donde puede haber niñas, niños o adolescentes que dependen de sus padres y madres para cubrir necesidades básicas.
Estas medidas extremas polarizan a la sociedad y el debate político transita entre la disputa por la condonación no cumplida y la cobranza inhumana, cuando lo que necesitamos es un acuerdo transversal para salir de la trampa en que se ha convertido el CAE para el país.
El CAE endeuda a las familias, a las universidades y al Estado. Es una política pública agotada. Debemos reformar el CAE de una vez por todas, por el bien de Chile.
Hacemos un llamado al Gobierno, al Congreso Nacional y todos los actores que tengan incidencia en la temática a retomar el diálogo que iniciamos los entes públicos en el Congreso Nacional y que no llegó a consenso con el proyecto de Ley del FES, pero donde teníamos muchos puntos de acuerdo que debemos recuperar sobre cómo asegurar el derecho a la educación con responsabilidad fiscal.
El Estado de Chile creó el CAE. El Estado de Chile debe terminar ahora con el CAE. Abrir el diálogo para crear una nueva vía de financiamiento sostenible para la educación superior, que sirva al país.
No queremos que el derecho a la educación siga siendo un bien de mercado, que termine hipotecando la vida de las familias chilenas, en vez de ser un camino de mayor prosperidad y crecimiento humano para el desarrollo de toda la nación.
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