El 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal interpuesta por el municipio de Santiago, por el delito de fraude al fisco, en contra de la exalcaldesa y actual diputada, Irací Hassler, y todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos perpetrados en el marco de la fallida adquisición de la ex clínica Sierra Bella.
Para declarar la admisibilidad de esta acción penal, el tribunal consideró antecedentes presentados por la actual administración a cargo del alcalde Mario Desbordes.
Entre ellos se encuentra una resolución de la Contraloría General de la República, que determinó que en el proceso de compraventa hubo actos ilegales y vulneración al principio de probidad administrativa por parte de funcionarios. De esta manera, se estableció la responsabilidad administrativa de la ex jefa comunal.
Asimismo, la decisión del tribunal valida la legitimación activa del municipio para querellarse, tanto en su calidad de víctima directa del detrimento económico como en su rol de órgano público con la potestad expresa de defender su patrimonio.
Declaran admisible querella por fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella
La querella presentada acusa que la administración de Hassler habría comprometido recursos públicos de salud de manera desleal.
Según el documento, se acreditó que el decreto de pago N°187 se emitió de forma anticipada y sin un decreto alcaldicio que lo habilitara. Además, el decreto alcaldicio N° 810 —que autorizaba la compra por $8.252.873.341— fue firmado por la exalcaldesa omitiendo, entre otros, deliberadamente el visto bueno obligatorio de la Dirección de Control Municipal, un trámite esencial para garantizar el examen previo de legalidad de todo acto administrativo.
A estas irregularidades se sumaría el otorgamiento de un mandato especial irrevocable en favor del abogado privado de la parte vendedora, redactado en colaboración con ex funcionarios municipales.
En la querella se menciona el perjuicio patrimonial actual para la Municipalidad de Santiago, pues enfrenta una deuda judicial ejecutiva que supera los nueve mil millones de pesos. Esto, plantean, producto de intereses, una cifra que triplica el valor comercial real del inmueble, la que se encuentra actualmente en litigio ante el Jugado Civil y la Corte de Apelaciones.
A esto se añade que la suma de $2.475.862.002, correspondiente a fondos estatales per cápita destinados legal y exclusivamente a la atención primaria de salud de los vecinos, permanece inmovilizada y bloqueada desde enero de 2023.
Ante estos hechos, el municipio solicitó formalmente al tribunal que los antecedentes sean remitidos de inmediato al Ministerio Público para dar inicio a la correspondiente investigación penal.
El libelo agrega que la Fiscalía proceda a investigar a fondo, formalizar y posteriormente acusar a los partícipes de estos delitos para que sean condenados a las penas máximas que establece la ley.
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