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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Gobierno de Bolivia eliminó a través de un decreto varias normas que autorizaban la contratación directa en la construcción de obras, señalándolas como un mecanismo de "corrupción" que manejó alrededor de 1.235 millones de dólares durante los mandatos de Evo Morales y Luis Arce. El presidente Rodrigo Paz destacó que 161 decretos fueron anulados. Se mencionaron irregularidades en la construcción de hospitales y escuelas, indicando que las contrataciones directas se basaban en relaciones políticas y no en procesos transparentes.

El Gobierno de Bolivia anuló a través de un decreto este lunes varias normas que permitieron la contratación directa en la construcción de obras, al considerar que fueron un mecanismo de “corrupción” que manejó alrededor de 1.235 millones de dólares durante 20 años en los gobiernos de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

“Este decreto que se acaba de anunciar es un ataque directo a un modelo, a una ideología de la corrupción y a un sistema que sostenía esa ideología de la corrupción que se desarrolló durante 20 años”, afirmó el presidente del país, Rodrigo Paz, en un acto acompañado por los ministros de la Presidencia, José Luis Lupo, y de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza.

La norma elimina un total de 161 decretos que permitieron movilizar un total de 1.235 millones de dólares, según el Gobierno.

Paz apuntó que 105 de los decretos anulados establecían una libertad amplia para manejar recursos económicos del Estado en cualquier tipo de obra como, según ejemplificó, la construcción del Museo de Orinoca, en el altiplano, dedicado a Evo Morales, que costó alrededor de 8 millones de dólares.

“La contratación directa se volvió en numerosos casos igual a la corrupción directa”, dijo Paz, tras citar que hubo supuestas irregularidades en la construcción de hospitales, escuelas y otras edificaciones.

Apuntó que las adjudicaciones directas ocurrieron en el nivel del Gobierno central, manejado por el Movimiento al Socialismo (MAS), y en las administraciones departamentales y municipales porque el requisito para tener un “contrato millonario sin proceso de verificación y sin control era ser amigo, pariente o del partido”.

A su juicio, la normativa que permitía la corrupción con esas contrataciones era “un verdadero incentivo” para las disputas políticas por el control de las gobernaciones y municipios.

“Esto se acabó. Estamos derrotando al Estado tranca, al Estado cloaca”, subrayó.

El ministro Lupo dijo que el “sistema de corrupción” afectó a la gente en hospitales que no funcionan o están a medio construir, y dejó “infraestructura millonaria abandonada” o “elefantes blancos por todas partes” como varios aeropuertos sin flujo comercial.

“El Gobierno tomó la decisión de no mirar a un costado y eliminar este Estado cloaca en donde se malversó toda esta cantidad de recursos”, subrayó.

Lupo anunció que en adelante todas las contrataciones del Estado serán transparentes, se eliminarán los mecanismos que permitían el direccionamiento en el proceso y se auditará todo lo adjudicado en el pasado.