Grau defiende que el costo fiscal del nuevo reajuste al sector público es menor que en años anteriores

El reajuste del sector público avanzó en el Congreso luego que la comisión de Hacienda de la Cámara aprobara en general la iniciativa con 8 votos a favor y 5 en contra.

La iniciativa, que incluye un reajuste escalonado de los sueldos del 3,4%, entra en un plazo donde hasta el medio día del viernes se pueden presentar nuevas indicaciones.

Ministro Grau defiende gasto fiscal por reajuste al sector público

Bajo este contexto, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, defendió que el proyecto es más “barato” que el reajuste que el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera dejó a la actual administración.

“El total de gasto involucrado en el informe financiero para el reajuste es un gasto menor que el que teníamos en los últimos años, y uno de los menores en la última década”, afirmó la autoridad, apuntando que también la iniciativa contiene varios temas que generan acuerdos.

Con todo, dijo que se mantiene la responsabilidad fiscal.

Según los números del Ejecutivo, el costo del proyecto de reajuste es de $1,6 billones para 2026, siendo el de menor costo fiscal desde 2019 y un 10% inferior al promedio de $1,8 billones en la última década.

Del costo total, más de $830 mil millones están destinados solo al reajuste de sueldos en 2026.

En una primera parte, se establece un alza del 2,0% en las remuneraciones a diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026.

Ahora bien, el proyecto también contempla una serie de iniciativas paralelas, como la postergación en el reavalúo de bienes raíces no agrícolas de enero 2026 a enero 2027 y de enero 2027 a enero 2028, junto con rebajar contribuciones para aquellos predios usurpados.

Otra medida aprobada en la comisión fue el artículo que exime de IVA a las tiendas solidarias, entre varios compromisos adquiridos en la negociación con la Mesa del Sector Público.

También está incluida la polémica norma que establece que los despidos de funcionarios -que no son de cargos políticos o de exclusiva confianza, quienes deberán renunciar el 11 de marzo- deberán ser fundados y que, en caso de que así lo considere la persona, podrán acudir a Contraloría.

Esta iniciativa en específico ha sido calificada por la oposición como un “amarre”, con el presidente electo José Antonio Kast llamando a rechazar tal iniciativa y calificando su discusión como “ir en contra de la voluntad de la ciudadanía”.