El "cartel del pan" del norte: panaderos reconocen reuniones pero niegan que exista colusión

in duda que uno de los productos más apetecidos por las familias chilenas es el pan. Estudios recientes indican que cada persona consume cerca de 90 kilos de este alimento sólo en un año, sólo detrás de países como Alemania y Turquía.

Por ello, cualquier alza en el precio, es un impacto fuerte en los bolsillos de la ciudadanía.

Y es que en abril de este año, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a panaderos industriales de la provincia de Iquique, en la región de Tarapacá, por una supuesta colusión en el mercado de elaboración y comercialización mayorista de pan que se entrega a almaceneros de la zona.

En este sentido, dirigentes de los panaderos industriales llegaron ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para presentar sus descargos, señalando y reconociendo que, efectivamente, hubieron reuniones pero que, en ningún caso, se buscaba infringir la ley mediante una colusión.

La “colusión del pan” en el norte

Previamente, la FNE informó la presentación de un requerimiento ante el TDLC en contra de un grupo de panaderos industriales en Iquique y Alto Hospicio, detallando que los panaderos industriales requeridos en este caso, “acordaron mediante reuniones presenciales alzar coordinadamente los precios mayoristas del pan, al menos entre noviembre de 2019 y agosto de 2022”.

Incluso, señala el organismo, “hicieron publicidad de estos incrementos a través de medios de comunicación locales”.

En su investigación, la FNE constató que estos panaderos industriales empezaron a coordinar alzas en sus precios hacia fines de 2019 y que esta práctica se extendió hasta el segundo semestre de 2022, “con evidencia de publicaciones en redes sociales y en prensa de los detalles del acuerdo”.

Para coordinarse, los panaderos industriales mantuvieron contactos y reuniones impulsadas por los dirigentes Samuel Campusano y Marlene Martínez, quienes se encargaban de publicitar a través de la prensa local los aumentos de precios. Fueron precisamente ellos quienes hicieron sus descargos ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Descargos

En ese contexto, Patricio Martínez, abogado de tres de los requeridos por este caso -entre ellos Marlene Martínez- desmintió a la Fiscalía Nacional Económica en varios puntos. Uno de ellos, asegura, es que en la región sólo existe una empresa proveedora de harina. Además, acusó una serie de “antecedentes débiles” del persecutor en el marco de la indagatoria.

Por lo mismo, hizo hincapié en que los eventuales delitos que busca imputar la Fiscalía a sus acusados ya se encontrarían prescritos.

Lo curioso, es que varios de los panaderos apuntados en esta indagatoria, habrían reconocido reuniones y alzas de precios. Sin embargo, indican, nunca hubo intención de infringir la ley.

En este plano, la abogada y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, Patricia Leal, hace énfasis en este punto: no siempre las reuniones de los gremios o trabajadores, tienen relación con colusiones o actos fuera del marco legal.

En su requerimiento al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica solicitó imponer multas por cerca de $65 millones en total a los panaderos industriales acusados y a las personas identificadas como líderes de la agrupación en las comunas de Iquique y Alto Hospicio.

Adicionalmente, y como medida preventiva, para los miembros del denominado “cartel del pan” se les exigirá asistir a capacitaciones en materia de libre competencia, algo determinado tras conocerse este caso.