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Según una nueva encuesta de la Cámara Nacional de Comercio, el comercio ilegal en Chile ha visto un aumento de aceptación ciudadana, llegando al 30%. A pesar de que el 60% de los encuestados está en desacuerdo con el contrabando y la piratería, una de cada tres personas compra a vendedores ambulantes. Los municipios se ven involucrados en la problemática, con la percepción de que la fiscalización es insuficiente y las municipalidades son responsables del abordaje de este tema. Tanto el presidente de la CNC como los alcaldes de Estación Central y San Miguel expresan preocupación y llaman a la ciudadanía a no comprar en el comercio ilegal, mientras las autoridades enfatizan la necesidad de educar e informar sobre las implicancias de estas prácticas.
Ropa, cigarrillos, juguetes, cosméticos y perfumería, son solo algunos de los productos que más se venden en el comercio ilegal, representando una problemática que preocupa a los municipios dado su rápida expansión por diversas zonas del territorio y también por su aceptación ciudadana, la que tuvo un leve aumento en comparación a 2023, llegando a un 30%.
Los datos de la Segunda Encuesta Nacional sobre Percepción del Comercio Ilícito y Contrabando en Chile de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) son contundentes: una de cada tres personas compra a vendedores ambulantes.
Lo anterior, pese a que el mismo informe señala que el 60% de los encuestados está en desacuerdo con el contrabando y la piratería, insumos que suelen verse en el caso de quienes venden de manera irregular.
Estudio sobre comercio ilícito de la CNC
El presidente de la CNC, José Pakomio, indicó que se trata de cifras preocupantes y lamentables, que suponen un desafío para el mundo público y privado.
De acuerdo con el estudio, la principal razón detrás de la adquisición de estos productos a comerciantes ilegales serían los atractivos precios y la conveniencia.
Sin embargo, el 68% de las personas asocia a estos vendedores con actividades delictivas.
Es aquí donde entran en juego los municipios, dado que la mayoría de las personas acusa que la fiscalización es insuficiente y la mitad argumenta que las municipalidades son las principales responsables en el abordaje de la problemática.
El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, indicó que es imprescindible avanzar en proyectos de urbanismo táctico y responsabilizó la poca fiscalización de fronteras y Aduanas.
En la misma línea, la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown, sostuvo que el comercio ilícito es preocupante por las externalidades que produce e hizo un llamado a la ciudadanía a no comprar en él.
De acuerdo con el estudio, las personas declaran reconocer la ilegalidad de ciertos productos, por lo que las autoridades hacen énfasis en educar e informar sobre las implicancias de comprar en el comercio no establecido.
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