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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) analizó los impactos fiscales del Crédito con Aval del Estado (CAE) y detectó problemas en los registros contables que llevarían a un sesgo al alza en los ingresos fiscales y a la baja en los gastos. Según datos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), entre 2019 y 2023, el Estado desembolsó un equivalente de US$2.666 millones por la compra del CAE, sumado la activación de garantías y beneficios para deudores, así como intereses y monto total garantizado de créditos. Además, se identificaron problemas en la contabilización de pagos de deudores y sobreprecios en la compra de créditos. El CFA recomendó corregir estos registros y evaluar instrumentos de prudencia fiscal ante los riesgos de incobrabilidad del CAE, así como monitorear constantemente sus efectos fiscales y también los de su posible reemplazo.

En medio de la discusión por el mecanismo que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE) para el financiamiento de la educación superior, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) identificó los impactos fiscales del CAE y también entregó una serie de recomendaciones en cuanto a los registros contables sobre la misma.

Lo anterior debido a que el organismo reconoció haber encontrado una serie de problemáticas con los mencionados registros, que a su vez también presentan problemas para estimar el verdadero impacto que tiene el crédito en las arcas públicas.

“El Consejo resalta que la adecuada contabilidad de los efectos fiscales del CAE es necesaria para poder compararlos con los del nuevo instrumento de financiamiento público para estudios de nivel superior, propuesto recientemente por el Ejecutivo en un proyecto de ley”, señalaron.

Consejo Fiscal Autónomo analiza el CAE

Según el CFA, el crédito tiene efectos fiscales por diversas vías.

“Por una parte, el Estado participa como garante de los créditos en poder de los bancos; y, por otra, realiza transacciones que afectan la composición de los activos y pasivos fiscales, así como su patrimonio neto”, expresan.

En esta línea, citaron datos de Comisión Ingresa, proporcionados por la Dirección de Presupuestos (Dipres), donde se aprecia que entre 2019 y 2023, la compra del CAE por parte del Fisco promedió los 13,5 millones de UF por año, sumando un equivalente de US$2.666 millones durante el mencionado período (0,9% del PIB).

Respecto a la activación de garantías y beneficios para deudores, se desembolsaron unos US$946 millones, en tema de intereses, US$70,6 millones, a lo que se suma que el monto total garantizado de créditos fue de unos US$1.235,4 millones.

Problemas en los registros contables

En su análisis, el Consejo Fiscal Autónomo detectó, como parte de los problemas “históricos” en los registros contables por CAE, que el pago realizado por los deudores se registra como “ingresos y no como una devolución de crédito”.

Por otro lado, “existen egresos que disminuyen el patrimonio neto del fisco, pero que no se registran como gastos. Tal es el caso del sobreprecio que paga el Estado al comprar créditos a los bancos, recursos que no se recuperan con la cobranza del crédito”.

“En consecuencia, la contabilidad que históricamente se ha realizado del CAE genera un sesgo al alza en el registro de los ingresos fiscales, y a la baja en los gastos”, concluyeron.

Con ello, recomendaron a la Dipres que, en coordinación con la Tesorería y Contraloría General de la República, se corrija la forma de los registros para mostrar de mejor manera el uso de los recursos y la situación financiera y patrimonial del Fisco.

Más detalles advertidos por el CFA

Otros puntos donde el CFA llamó la atención fueron los créditos con garantía ejecutada y en poder del Fisco, que pasaron de un 18,5% en 2018 a un 48,8% en 2023. En el caso de los bancos, este tipo de créditos pasaron de un 22,4% en 46,5% en el mismo período.

Esto puede significar que “podría haber un monto significativo que, históricamente, no se ha registrado como gasto asociado al CAE”.

Finalmente, el organismo sugirió a la Dipres que evalúe instrumentos “de prudencia fiscal ante los riesgos de incobrabilidad del CAE”; que incremente la información disponible al respecto mediante “la publicación periódica de indicadores relacionados con sus efectos fiscales”, que haga un monitoreo constante de los riegos que el CAE -o el instrumento que lo reemplace- podría representar para las finanzas del Estado y que explique los criterios para clasificar como gasto o inversión las transacciones relacionadas al CAE.