El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, acaparó la atención de la prensa a nivel mundial por su “mayor bandera de lucha”: la “guerra” contra las pandillas y la delincuencia.
La medida -celebrada por muchos ciudadanos- no ha estado exenta de polémicas y cuestionamientos, entre ellos, el que la administración del actual presidente impulsara reformas que permitieran encarcelamientos masivos mediante procesos penales (también masivos), sin que fuese necesario individualizar las responsabilidades de los acusados.
Pero para Bukele lo anterior “ya no es tema”, porque según él “limpió” a su país de los antisociales.
“Nuestra próxima meta es que el mundo vea a El Salvador más por su milagro económico que por su milagro en seguridad”, dijo hace unas semanas el jefe de Estado.
Quiere “revitalizar” la economía, enfatizó, suscitando tantas esperanzas como reticencias.
El “milagro económico” que planearía Bukele
Según cifras oficiales, El Salvador ha pasado de ser uno de los países más inseguros de América Latina a ser “el más seguro”.
El número de asesinatos cayó de casi 4.000 en 2017 a menos de 80 en los primeros meses de 2024.
Durante el estado de excepción iniciado en 2022, el gobierno detuvo a más de 80.000 presuntos miembros de las temidas maras.
Este enfoque es controvertido entre organizaciones no gubernamentales, que argumentan que, entre los detenidos, “hay miles de personas inocentes”. Además, aseguran que se han socavado derechos democráticos básicos y que las restricciones impuestas por el estado de excepción se han aplicado no solo contra miembros de bandas armadas.
Lo cierto es que la mayoría de la población salvadoreña se siente “liberada”. También las pequeñas y medianas empresas que, de repente, ya no tienen que pagar dinero para protegerse frente a las temidas maras (pandillas que controlan territorios).
Por ejemplo, Karla Klaus, de la Cámara de Comercio Alemana-Salvadoreña, recordó a DW que muchas grandes empresas del país europeo “se vieron obligadas a abandonar El Salvador debido a la mala situación de seguridad”.
Negocios pequeños se veían obligados a renunciar a parte de sus ingresos para dedicarlos a su seguridad, por lo que el dinero no alcanzaba para alguna inversión o compra.
Una encuesta realizada por la propia Cámara entre unas 150 empresas asociadas refleja que la confianza es ahora “mucho mayor”. De hecho, esperan tener crecimiento económico.
“Numerosas empresas se plantean ahora invertir en el suministro de energías renovables, en la modernización de maquinaria y también hay planes para contratar nuevo personal”, subraya Klaus, quien habla de un “espíritu optimista”.
El gigante estadounidense Google también abrió hace unos meses una sede de su empresa en la capital del mencionado país. Según sus propias declaraciones, quiere “ayudar a digitalizar y modernizar” ese territorio.
Polémico proyecto a gran escala
El gobierno espera que otros sigan esos pasos. Al mismo tiempo, apuesta también por el turismo, sobre todo con el proyecto “Surf City II”, que pretende atraer a aficionados a los deportes acuáticos de todo el mundo.
Con el fin de trasladar a los turistas directamente a las playas, está previsto un nuevo segundo aeropuerto.
Y hay inversores que quieren construir nuevos hoteles.
El objetivo es atraer a turistas de países occidentales y del sur de Estados Unidos, quienes, comparativamente, tienen un trayecto aéreo corto. Y, por supuesto, a la escena internacional del surf.
Pero los ecologistas advierten de que el proyecto podría poner en peligro o incluso destruir el entorno natural único de la región.
El Estado quiere invertir 100 millones de dólares en la infraestructura: “Tenemos aquí una de las playas más impresionantes del país, una zona que ha sido abandonada por todos los gobiernos anteriores”, dijo Bukele hace dos años.
“Los expertos dicen que es una de las mejores playas para surfear. Estas calles son de tierra y los automovilistas tenían dificultad para pasar”, afirmó.
Dudas sobre las promesas
Ines Klissenbauer, experta en Centroamérica de la organización de ayuda latinoamericana Adveniat, teme que “el daño ecológico de ese proyecto sea tan grande, que no sea posible una implementación sostenible”.
Para Klissenbauer, se trata de un intento por parte de Bukele de conseguir capital para el país, altamente endeudado.
La política opositora Claudia Ortiz, del partido socialdemócrata Vamos, también se muestra escéptica.
Y se remite a la ampliamente publicitada estrategia del bitcoin.
“El bitcoin forma parte de un proyecto autoritario y de un sistema en el que los fondos públicos se utilizan a discreción y sin ninguna transparencia”, critica Ortiz en una entrevista con Deutsche Welle.
Aunque hay indicios de que el bitcoin se acepta en los comercios como medio de pago, el ciudadano medio no puede permitírselo: “Los problemas económicos de El Salvador y las necesidades económicas de la población no se resolverán haciendo del bitcoin una moneda de curso legal”, sentencia Ortiz.
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