Desde el Gobierno esperan que en 2022 la economía experimente correcciones, que deberían permitir ir equilibrando el desbalance macroeconómico que ocasionó la crisis sanitaria.
La deuda bruta del Fisco llegó a niveles que no se observaban desde 1990: a junio de 2022 se ubicó en 37,5% del PIB estimado para el año.
De acuerdo a lo rescatado por Diario Financiero, a fines del año pasado la deuda bruta era de 36,3% del PIB. El endeudamiento del Estado aumentó de manera sistemática, marcado por los sobregastos asociados a la pandemia.
La Dirección de Presupuestos (Dipres), en tanto, en su informe del primer semestre de 2022, detalló que los ingresos totales del Gobierno Central acumulados a junio de 2022 alcanzaron los $36.459.116 millones, equivalente a un 13,8% del PIB estimado para el año, registrando una variación real anual de 29,5%.
“Estos estuvieron incididos, principalmente, por la mayor tributación de resto de contribuyentes. En menor medida, fueron incididos por una mayor tributación de la gran minería privada, rentas de la propiedad y otros ingresos”, se precisó.
Desde Hacienda esperan que en 2022 la economía experimente correcciones, que deberían permitir ir equilibrando el desbalance macroeconómico que ocasionó la crisis sanitaria.
Asimismo, proyectan que la reforma tributaria permita elevar el potencial de crecimiento sostenible del país.
Entre las medidas que plantea dicha reforma están la reestructuración del impuesto a la renta, elevando el aporte de las personas de mayores recursos; menos exenciones tributarias, nuevo royalty minero e impuestos correctivos que apuntan a promover la preservación del medio ambiente.
En junio, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) -que tiene como mandato legal contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central- publicó un informe en el que analizó el Decreto Nº 755 del Ministerio de Hacienda, el que sentaba las bases de la política fiscal del Gobierno para el período 2022-2026.
Aconsejó que esas bases sean establecidas de forma anual, a la vez en que precisó en escenarios de riesgo por condiciones financieras más estrechas.
“El establecimiento de metas anuales favorecería la gradualidad en el proceso de normalización de las finanzas públicas, otorgaría mayor previsibilidad a la política fiscal, facilitaría el monitoreo del cumplimiento de las mismas y contribuiría a la credibilidad de la regla”, dijo en Consejo en esa ocasión.
