El Consejo advirtió que, si bien los resultados presentados en el Informe de Finanzas Públicas del 1er trimestre 2022 muestran que la razón de deuda bruta y neta a PIB se estabilizan en 2026, ello “podría verse amenazado por la materialización de escenarios de riesgo”, como por ejemplo, con un menor crecimiento tendencial, menor precio del cobre o un tipo de cambio real más depreciado.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó un informe en el que analiza el Decreto Nº 755 del Ministerio de Hacienda, el que sienta las bases de la política fiscal del Gobierno para el período 2022-2026. Aconsejó que estas bases establecidas de forma anual, a la vez en que precisó en escenarios de riesgo por condiciones financieras más estrechas.
El organismo -que tiene como mandato legal contribuir al manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central- sostiene que las metas establecidas por las autoridades en el decreto -de un déficit estructural de 3,3% del PIB en 2022 y de 0,3% del PIB en 2026- son “una señal de compromiso con la consolidación fiscal”.
En ese sentido, el informe “destaca el inicio del proceso de consolidación fiscal en 2022 con una reducción del déficit estructural de 7,4% del PIB respecto de 2021, en que una gran parte de las medidas transitorias por la pandemia están siendo revertidas”.
Asimismo, el CFA indica en el documento que la meta de déficit estructural de 0,3% del PIB para 2026 se encuentra entre los escenarios de convergencia intermedio (0,5 puntos anuales) y rápido (un punto anual), que fueron planteados por el Consejo como compatibles con las sostenibilidad de las finanzas públicas en su informe al Congreso de septiembre de 2021.
Sin embargo, el organismo advierte sobre la importancia de que se establezcan metas anuales de Balance Estructural, algo que no estuvo contemplado en el decreto del Gobierno.
“El Consejo hace notar que el compromiso con el proceso de consolidación fiscal se vería reforzado con la inclusión de metas anuales en el decreto de política fiscal, ya que este solo establece el punto de partida en 2022 y el de llegada en 2026”, dice el documento.
En opinión del Consejo, el establecimiento de metas anuales favorecería la gradualidad en el proceso de normalización de las finanzas públicas, otorgaría mayor previsibilidad a la política fiscal, facilitaría el monitoreo del cumplimiento de las mismas y contribuiría a la credibilidad de la regla.
Así, considerando los desequilibrios macroeconómicos y fiscales y el hecho de que el nivel de deuda sería mayor si se realiza un esfuerzo concentrado en el último año versus un ajuste gradual, el Consejo plantea que es relevante que las metas anuales se expliciten en futuros decretos.
Advertencias
En el informe el Consejo advierte que, si bien los resultados presentados por la Dipres en el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre de 2022 muestran que la razón de deuda bruta y neta a PIB se estabilizan en 2026, esa estabilización “podría verse amenazada por la materialización de escenarios de riesgo”, como por ejemplo, con un menor crecimiento tendencial, menor precio del cobre, un tipo de cambio real más depreciado, condiciones financieras más estrechas o con el surgimiento de necesidades de financiamiento no previstas.
En relación con el nivel prudente de deuda proyectado por el Ministerio de Hacienda en 45% del PIB, el Consejo observa que éste se encuentra “dentro del rango de las estimaciones preliminares que realizó anteriormente el CFA”, agrega el informe.
Regla fiscal
En el documento, el CFA valora que la conducción de la política fiscal se base en una regla operacional de Balance Estructural, porque “ha significado importantes beneficios para el país en los últimos veinte años”. Entre ellos, menciona que redujo la volatilidad del crecimiento, facilitó la acumulación de activos para compensar eventos adversos de gran magnitud y aumentó la credibilidad del fisco.
También, el Consejo destaca que -en línea con sus recomendaciones previas- la política fiscal se empiece a guiar por una regla dual, es decir, que considere tanto metas de Balance Estructural como un nivel prudente de deuda.
Sobre esto mismo, el organismo recomienda institucionalizar la regla dual, lo que indica que podría hacerse en el proyecto que modifica la Ley N° 20.128 sobre Responsabilidad Fiscal con el objeto de garantizar que la trayectoria de metas de Balance Estructural se establezca hacia el futuro de forma tal que la deuda no supere un nivel prudente.
Además, sugiere incluir otras recomendaciones -que ha propuesto anteriormente- en el proyecto de ley. Entre ellas destaca: establecer la deuda neta como concepto clave de ancla fiscal; incorporar cláusulas de escape y mecanismos de corrección explícitos; determinar que las metas de Balance Estructural deben ser cumplidas ex-post; e incorporar advertencias tempranas así como planes de corrección oportunos para evitar el incumplimiento del ancla fiscal.
