A mediados de octubre el Ejecutivo, mediante el Ministerio de Minería, anunció una convocatoria pública nacional e internacional para la suscripción de contratos especiales de operación que desarrollen la exploración y producción de yacimientos de litio en el país.

Chile posee las mayores reservas de ese mineral.

Junto con el cobre, el litio es considerado como clave para la transición energética del mundo.

En las últimas horas de acuerdo a Bloomberg Línea, el biministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet, sostuvo que si bien la convocatoria está en su fase inicial, son 57 las empresas interesadas en el proceso público que tiene como finalidad adjudicar Contratos Especiales de Operación (CEOL) por cuotas para producir un total de 400.000 toneladas de litio metálico comercializable, divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una, sin una ubicación geográfica específica.

“Se ve muy prometedor”, comentó la autoridad de acuerdo al citado medio.

Las adjudicaciones serán por un plazo de 7 años —prorrogables por otros dos— para hacer la exploración geológica, los estudios y desarrollo del proyecto, a los que se sumarán otros 20 años de producción.

Con esto el Ejecutivo busca lograr facilitar el ingreso a empresas nacionales y/o extranjeras, impulsando la producción y apoyando el desarrollo de las nuevas tecnologías que habiliten la transición energética, generando a su vez beneficios para el Estado, que capturará una regalía por la adjudicación de las cuotas además de un pago variable durante la etapa de producción.

Críticas a la licitación

Esta licitación ha generado críticas de parte de diputados de la oposición, por no buscar su manejo a través de una empresa estatal, según señaló hace unas semanas Esteban Velásquez, presidente de la Comisión de Minería de la Cámara.

Su par del PS, Juan Luis Castro, aseguró que le parece “extraño” este tipo de iniciativas cuando estamos ad portas de una elección presidencial; y anunció que citarán al biministro Jobet al comité.

El parlamentario de Renovación Nacional, Jorge Durán, desestimó la relevancia de una participación o no de una compañía estatal, afirmando que uno debe enfocarse en qué tan rentable es para el Estado.