A partir de la rebaja a la sanción contra Julio Ponce Lerou en el llamado “Caso Cascadas”, desde el sector empresarial afirmaron que la multa está apegada a la legislación de la época.
Sin embargo, reconocieron que dichas sanciones deben aumentar.
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Si bien a principios de mes la Corte Suprema reconoció la existencia de infracciones cometidas por el accionista y presidente de SQM, Julio Ponce Lerou en 2014; en fallo dividido el máximo tribunal determinó reducir la sanción económica, de US$62 millones a menos de US$3.
Así, y en el contexto del aniversario del llamado estallido social -donde una de las demandas ciudadanas es aumentar las sanciones a los llamados “delitos de cuello y corbata”-, distintos gremios empresariales indicaron que la multa contra Ponce Lerou se justifica por la legislación de la época, sin embargo, esta debe ser mejorada.
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, instó a avanzar en el cambio a las leyes, de manera que este tipo de conductas -según dijo- sean condenadas de manera ejemplar.
El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, valoró el hecho que la justicia declare culpable a quienes cometen este tipo de infracciones.
En esa línea, también llamó a aumentar las sanciones para estos casos.
La presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, Alejandra Mustakis, indicó que para lograr “verdadera justicia, los delitos de cuello y corbata deben ser castigados”.
En 2014, la Superintendencia de Seguros y Valores acusó a Julio Ponce Lerou de cometer una serie de infracciones a las leyes de valores y sociedades anónimas, acción por la que consiguió utilidades fraudulentas de US$128 millones.
