La Iglesia y su coherencia frente al Estado laico

La reciente condena de la congregación salesiana a indemnizar a ocho víctimas de abusos sexuales marca un hito importante en un asunto que ha venido enlodando a la Iglesia Católica durante muchos años. La sentencia del Séptimo Juzgado Civil de Santiago establece que “existió un patrón sistemático e institucional de encubrimiento por parte de la congregación”. Es un fallo considerado inédito, pues responsabiliza directamente a una orden religiosa de las omisiones y la protección institucional de los sacerdotes abusadores.

Con esta decisión judicial vuelven a abrirse heridas profundas que han marcado a generaciones de niños y adolescentes. Reaparece también una reflexión de fondo que, pese al paso del tiempo, conserva toda su dolorosa vigencia.

Los numerosos abusos de menores en Chile por parte de eclesiásticos no constituyen una excepción a lo ocurrido en otros países. En Irlanda, las investigaciones sobre colegios e instituciones religiosas revelaron que durante décadas, existió una verdadera cultura de abusos y silencios. En Francia, la comisión independiente encargada de investigar estos asuntos estimó en más de doscientas mil las víctimas de sacerdotes y monjas desde 1950 hasta la fecha. En Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, España y otros países, se han descrito patrones similares, con encubrimientos institucionales, incluso en el seno mismo del Santo Oficio del Vaticano.

La responsabilidad institucional

Este drama social va mucho más allá de los casos individuales y revela una crisis sistémica en el clero católico. Aunque los delitos son siempre personales y los tribunales sancionan a quienes los cometen, resulta imposible ignorar el silencio de numerosas autoridades eclesiásticas. Es más, con las investigaciones canónicas internas que sustituyeron denuncias penales, las disculpas tardías, los traslados ocultos de sacerdotes confesos de abusos a otras ciudades o países, y con una cierta resistencia institucional a colaborar con la justicia civil, es la propia jerarquía eclesiástica la que aparece cuestionada por la sociedad.

Esto no es nuevo ni excepcional; es recurrente. En muchas ocasiones, se ha observado una suerte de pacto de silencio clerical, comparable a la “omertà” siciliana, que refleja una cultura encubridora. Eso es, precisamente, lo que fue sancionado en la congregación fundada por Don Bosco para educar a niños y jóvenes en los valores cristianos.

La conclusión es severa y simple: cuando los responsables de una organización tan importante privilegian la protección institucional en desmedro de la verdad, terminan por apartarse de los principios que dicen defender.

La defensa de principios requiere del ejemplo

Esta grave situación adquiere especial relevancia cuando las autoridades eclesiásticas intervienen con fuerza en debates públicos sobre cuestiones éticas. Últimamente, en nuestro país, la Conferencia Episcopal y varios obispos han manifestado su firme oposición a la interrupción del embarazo y a la muerte asistida. Hace pocos días, en una entrevista en un periódico nacional, el cardenal Chomali advertía a los médicos que practican legalmente el aborto: “En vez de mostrarle el latido a la mujer, sería bueno que lo escuchara el médico que va a practicar el aborto”.

Todas estas declaraciones se fundamentan en la inviolabilidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Aunque a veces controvertidas —por decir lo menos— como las últimas que formulara el cardenal, se trata de opiniones coherentes con su doctrina. Nada más legítimo que, tanto los católicos como cualquier persona de otro credo, expongan sus principios y valores. Se pedirá únicamente humildad y respeto; la crueldad y las amenazas serán siempre excesivas e infundadas.

Sin embargo, cabe destacar que la fuerza de un argumento moral no depende únicamente de la solidez de sus fundamentos doctrinales. Creemos que también descansa en la autoridad ética de quienes lo formulan.

Una institución que durante décadas no ha actuado con claridad ni determinación frente a las vulneraciones de la dignidad de niños y adolescentes, inevitablemente, ve debilitada —y hasta deslegitimada en cierta forma— su capacidad de interpelar a la sociedad en materias relacionadas con la protección de la vida y de la persona humana. No porque sus principios no sean pertinentes, sino porque la coherencia que confiere legitimidad será siempre una condición indispensable para ser convincente.

La autoridad moral de una persona o de una institución no se impone por sí misma, sino que se adquiere con el ejemplo. Eso lo sabe perfectamente la Iglesia Católica, la que, especialmente durante los años negros de la dictadura, fue una voz valiente y un abrigo permanente para los perseguidos y los vulnerables. Ese actuar ejemplar hizo que su defensa de la vida y de los derechos humanos fuera un testimonio moral trascendente en esos años.

La autocrítica y la buena disposición para asumir sus responsabilidades frente a los delitos sexuales de sus clérigos son entonces indispensables; incluso cuando afectan el prestigio institucional. Cada nuevo caso de encubrimiento, cada documento oculto, cada demora en reconocer la verdad, prolongan una herida que nutre la desconfianza de una ciudadanía cada vez más alejada de las instituciones.

La doctrina católica distingue entre la santidad de su Iglesia —porque su origen y misión provienen de Cristo— y la condición de sus miembros. El Concilio Vaticano II (Lumen gentium, n.º 8) consideró que la Iglesia “es santa y, al mismo tiempo, necesita de purificación”. Más allá de una hermenéutica teológica que permita interpretar el sentido de la afirmación, esta contiene una enseñanza que trasciende al catolicismo: ninguna institución, por elevada que sea su misión, puede reclamar autoridad moral permanente sin estar dispuesta a examinar con rigor sus propias faltas y a corregirlas con la misma firmeza con que juzga las de la sociedad.

Hay demonios que permanecen ocultos en los claustros, y exorcizar la morada antes de la prédica sigue siendo una tarea pendiente para el pueblo cristiano. Hacerlo con una voluntad inequívoca de reparar a las víctimas honraría mucho más a la Iglesia que cualquier declaración pública sobre los grandes dilemas morales de nuestro tiempo.

La autoridad del Estado laico

Nuestras sociedades modernas enfrentan desafíos éticos cada vez más complejos. La interrupción del embarazo, la eutanasia, el suicidio asistido, la identidad de género, la reproducción in vitro, la gestación subrogada… son temas relacionados con la vida, la libertad y la dignidad humana que dejan muchas preguntas abiertas.

En todos estos temas se expresan convicciones filosóficas, religiosas, científicas y culturales. De ahí la importancia de la función del Estado —laico desde 1925 en nuestro caso—. Un Estado que no está llamado a imponer una determinada visión moral, sino a garantizar un marco institucional en el que todas las personas puedan ejercer sus derechos.

La neutralidad del Estado no consiste en abstenerse de legislar sobre cuestiones morales, sino en hacerlo sin privilegiar una doctrina religiosa o filosófica, garantizando la igualdad de todos los ciudadanos. Su responsabilidad es establecer un equilibrio jurídico y proteger los derechos fundamentales, considerando la evidencia científica y conforme a la Constitución que garantiza la libertad de conciencia.

En una democracia como la nuestra, corresponde al Estado garantizar que ninguna convicción religiosa o filosófica se imponga. Esa neutralidad no disminuye el valor de cada creencia; por el contrario, asegura que todas puedan expresarse libremente en igualdad de condiciones.