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En medio de las urgencias legislativas y el debate sobre la productividad que marca la agenda nacional, suele quedar relegada una pregunta decisiva para la modernización del Estado: ¿cómo definimos hoy la eficiencia y la calidad de nuestras instituciones públicas? La respuesta no puede limitarse a la infraestructura tecnológica o a la simplificación de trámites, debe abordar la capacidad del Estado para gestionar su capital humano y sus procesos con estándares de justicia y equidad.
La respuesta no radica solo en indicadores económicos o métricas de eficiencia administrativa. La calidad de la democracia y del servicio público se juega también en la capacidad real de erradicar sesgos y barreras estructurales. En esa línea, la transversalización de la perspectiva de género ha dejado de ser una reivindicación exclusivamente social o un discurso políticamente correcto, se ha transformado en un estándar imperativo de gestión pública y excelencia.
Históricamente, el diseño institucional estatal invisibilizó brechas críticas como las barreras en la adjudicación de fondos de investigación, la masculinización de áreas clave para el desarrollo tecnológico del país o la carga invisible de los cuidados. Sin embargo, en el contexto actual, donde Chile discute su matriz productiva y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y el conocimiento, no abordar estas brechas desde el Estado resulta injusto y además de poco eficiente.
Frente a este escenario, las 18 universidades públicas agrupadas en el CUECH están marcando un hito mediante el Modelo de Estándares de Igualdad de Género y No Discriminación. Este esfuerzo busca transformar la gestión universitaria integrándola como una pieza clave de la modernización del Estado. Al articularse con los criterios de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), el modelo convierte la igualdad en un indicador medible de calidad institucional y desempeño administrativo.
Este modelo propone una matriz de indicadores que trasciende la respuesta reactiva. Se trata de normar con métricas concretas la equidad en la docencia, la investigación, en el acceso a cargos de alta dirección y en todo su quehacer. Estos estándares de género aceleran la modernización de la cultura organizacional, garantizando procesos más transparentes y meritocráticos en la conducción de las instituciones públicas.
Lo que articulamos desde los planteles estatales ofrece una hoja de ruta para el conjunto del sector público en su camino hacia el 2027. Si el Estado aspira a una gestión de excelencia y una transformación digital profunda, la igualdad de género debe ser uno de sus ejes vertebrales para asegurar que la modernización administrativa sea, efectivamente, un beneficio para toda la ciudadanía.
Liderar el sistema universitario estatal en esta coyuntura nos impone la responsabilidad de demostrar que las transformaciones culturales se sostienen con políticas públicas medibles y fiscalizables. El paso que hoy damos en la educación superior pública es un mensaje directo al país: la equidad no es un apéndice de la modernización del Estado, es su condición fundamental.
