El pasado jueves comenzó a regir la Ley de Pago en 30 días, que reduce a dicho plazo el máximo de tiempo en que las empresas grandes pueden pagar a las Pymes, estableciendo la obligación de emisión de una guía de despacho electrónica, la inmutabilidad del monto a pagar en la factura emitida y la aplicación de intereses corrientes por cada día de atraso en el pago y el cobro de una comisión moratoria adicional a los intereses.

Sin embargo, según reportó El Desconcierto la semana pasada, la ley promulgada por el Gobierno eliminó un artículo clave que permitía a las pymes demandar a las grandes empresas si detectaran algún incumplimiento a la normativa.

De acuerdo con el medio, el Ministerio de Economía atribuyó la eliminación a un error de la Biblioteca del Congreso Nacional, institución que a su vez se defendió acusando que la ley venía con errores desde que fue promulgada en el Diario Oficial el pasado 4 de enero, fuente de la cual ellos reciben el texto para incluirlo en el sistema.

Ante esto, el ministro José Ramón Valente insistió en que se trató de “un error en la transcripción de la Secretaría y de la Biblioteca del Congreso. No es ningún escándalo, no es ninguna manipulación”, descartando que se trate de un error de los senadores o del Gobierno. Valente, sin embargo, no quiso aclarar si el gobierno supo de este “error” cuando se promulgó la ley de “Pago a 30 días”.

“Eso se va a reponer. Es un problema técnico, estamos tanto los senadores como el gobierno al tanto de esto”, aseguró, agregando que “parte de lo que se aprobó en la Ley no quedó escrito como correspondía, y se va mejorar cambiándolo como siempre debió haber estado escrito”.

La polémica no fue bien recibida en el Senado, cuya Comisión de Economía impulsó una moción para corregir el error, la que será revisada en ambas cámaras según lo reportó. La iniciativa fue impulsada por la senadora Ximena Rincón (DC) y contó con las firmas de todos los integrantes de la instancia presidida por el UDI José Miguel Durana.