La discusión presupuestaria nunca es solamente una discusión financiera. Detrás de cada decisión que toma el Estado respecto de sus recursos existe una definición política sobre cuáles son las prioridades del país y qué rol debe cumplir lo público en la vida de las personas.
Por eso preocupa profundamente que el Ministerio de Educación vuelva a enfrentar un escenario de recortes y restricciones presupuestarias en un momento donde Chile necesita exactamente lo contrario: fortalecer las capacidades institucionales del Estado para enfrentar los enormes desafíos que hoy tiene el sistema educativo.
El reciente decreto de modificación presupuestaria impulsado por el Ministerio de Hacienda vuelve a demostrar que el gobierno ha optado por una lógica de ajuste que instala incertidumbre sobre el funcionamiento de distintos servicios públicos y ministerios.
Más allá de la dimensión técnica de estas decisiones, lo que queda en evidencia es una señal política preocupante: el debilitamiento progresivo de las capacidades del Estado para conducir áreas estratégicas como la educación.
Resulta especialmente contradictorio que mientras el país debate cómo enfrentar la crisis educativa, fortalecer la educación pública y reducir brechas, se avance simultáneamente en decisiones presupuestarias que tensionan el funcionamiento institucional del aparato público.
Porque cuando se ajustan recursos, se ralentizan procesos administrativos, se sobrecargan equipos y se limita la capacidad de planificación y ejecución de políticas públicas. Y en el caso del Ministerio de Educación, eso termina afectando directamente su rol rector y su capacidad de respuesta frente a las necesidades del sistema educativo.
En los últimos años hemos hablado insistentemente sobre la necesidad de recuperar aprendizajes, enfrentar la crisis de convivencia escolar, disminuir brechas territoriales, avanzar en inclusión y fortalecer la educación pública. Sin embargo, todos esos objetivos requieren algo esencial: un Ministerio de Educación con capacidad técnica, administrativa y humana para conducir el sistema educativo con una mirada estratégica de largo plazo.
Y allí está el problema de fondo. Cuando se debilita el funcionamiento del ministerio, cuando se reducen equipos, se retrasan procesos o se limita la capacidad operativa del Estado, no solo se afecta a las y los trabajadores públicos. Se afecta directamente la capacidad del país para impulsar políticas educativas consistentes y sostenidas en el tiempo.
La educación requiere conducción. Requiere planificación. Requiere presencia territorial. Requiere coordinación permanente entre múltiples actores. Y eso no ocurre de manera espontánea: ocurre porque existen equipos técnicos, administrativos y profesionales que sostienen diariamente el funcionamiento del sistema educativo chileno.
Muchas veces se instala una mirada simplificada respecto del aparato público, como si las tareas administrativas fueran secundarias o reemplazables. Pero basta observar la complejidad del sistema educativo para comprender que sin una institucionalidad sólida no existe posibilidad de garantizar derechos ni implementar transformaciones profundas.
El rol rector del Ministerio de Educación no puede debilitarse. Por el contrario, debe fortalecerse para responder a un escenario cada vez más exigente y dinámico. Un país que aspira al desarrollo necesita un Estado moderno, eficiente y con capacidades robustas para liderar políticas públicas estratégicas. Y la educación, sin duda, es una de ellas.
Por eso, más que discutir únicamente porcentajes de ajuste, el debate debiera centrarse en cómo fortalecemos la capacidad pública del sistema educativo chileno. Cómo modernizamos procesos sin precarizar equipos. Cómo construimos una gestión más eficiente sin debilitar la presencia del Estado. Cómo avanzamos hacia una institucionalidad capaz de responder con mayor rapidez, coordinación y eficacia a las necesidades de las comunidades educativas.
Desde Andime creemos que el país necesita abrir una conversación seria sobre el fortalecimiento del Ministerio de Educación y de la función pública en general. No desde una lógica corporativa, sino desde la convicción de que las instituciones públicas son fundamentales para asegurar cohesión social, igualdad de oportunidades y desarrollo.
Chile enfrenta desafíos educativos enormes. Y esos desafíos no se resolverán con menos Estado, menos planificación o menos capacidades institucionales. Se resolverán con visión estratégica, diálogo político y una decisión clara de fortalecer aquello que permite sostener las políticas públicas en el tiempo.
Porque cuando el Estado pierde capacidades, quienes finalmente terminan pagando las consecuencias son las comunidades, los territorios y las futuras generaciones. Y en educación, los costos de debilitar lo público siempre terminan siendo demasiado altos.
María Beatriz Fuenzalida
Presidenta Nacional de ANDIME
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