Con nueve funcionarios sancionados, seis de ellos destituidos, concluyó el sumario a servidores de la Municipalidad de Santiago por el caso Sierra Bella.
El origen del conflicto se remonta a cuando la Contraloría General de la República detectó graves irregularidades en procedimientos internos que dieron origen al contrato y pagos que el municipio pretendía realizar para adquirir dicho recinto hospitalario en enero de 2023.
Esto gatilló la instrucción de un sumario administrativo el 13 de abril de 2023, mediante la Resolución Exenta N° 804. Tres años y un mes después, el organismo aprobó el proceso y propuso las drásticas medidas disciplinarias que hoy remecen los pasillos de la capital.
Desbordes acata a Contraloría
No hubo matices ni medias tintas. El actual alcalde de Santiago, Mario Desbordes, firmó este martes el Decreto Seccional N° 1834. Con su firma aplicó, sin ningún tipo de modificaciones, las sanciones que había propuesto la Contraloría General de la República. El resultado: seis destituciones, una suspensión y dos multas. Nueve sancionados en total.
El municipio no tardó en actuar. Cinco días después de recibir la resolución del organismo (la N° 14499 del 14 de mayo de 2026), el decreto ya estaba firmado. El documento es explícito. La Municipalidad de Santiago señala que hace suyo “íntegramente el análisis pormenorizado efectuado por el fiscal instructor”. No hubo correcciones ni rebajas.
Además, la autoridad municipal estimó que la investigación de Contraloría respetó el principio de congruencia y las garantías del debido proceso. Con esto se despejó cualquier vicio o posibilidad de cuestionar el procedimiento.
La guillotina municipal
Las penas más graves las recibieron Jean Pierre Chiffelle Soto, ex director de asesoría jurídica, y Luis Mayorga Salces, ex secretario comunal de planificación. Ambos terminaron destituidos.
Lo mismo ocurrió con Elizabeth Díaz Méndez, directora de administración y finanzas, y Beatriz Chamorro Arancibia, ex directora de salud. La primera, según datos de La Radio, al recibir la noticia sufrió un infarto y hoy se encuentra hospitalizada.
La lista de destituidos la cierran Jacqueline Maraboli Bilbao, jefa del departamento de finanzas de la dirección de salud, y Alejandro de la Fuente Vidal, subdirector administrativo de esa misma dirección.
Por su parte, Eugenio Antonio Zúñiga Muñoz, quien ejercía como director de control subrogante, recibió una suspensión de tres meses con goce del 50% de su remuneración y una anotación de demérito de seis puntos en su hoja de vida.
Finalmente, las funcionarias Nadia Olave Núñez y Pamela Jara Iturra fueron sancionadas con una multa equivalente al 20% de su remuneración mensual.
El nombre detrás de todo: Irací Hassler
La ex alcaldesa Irací Hassler Jacob no escapa del documento oficial. El decreto establece expresamente que la Contraloría acreditó “suficientemente” su responsabilidad administrativa en cómo se generó el proceso interno de compra del recinto en cuestión, que hoy está inscrito a nombre de la municipalidad de Santiago.
De hecho, su nombre encabeza la lista de responsables consignada en la parte considerativa del decreto firmado por Desbordes. Hassler ejerció la alcaldía durante el período exacto en que ocurrieron las irregularidades en los contratos y pagos del proyecto.
Aunque ya no está en el cargo, su responsabilidad quedó formalmente establecida en este acto administrativo. El decreto instruye notificar ahora a todos los involucrados a través de la Dirección de Gestión de Personas.
Hasta ahora, no se han conocido los detalles del sumario, solamente lo expresado en los documentos oficiales de la municipalidad de Santiago.
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