Los "dolores" de los municipios

Señor Director:

Hace unos días, el presidente José Antonio Kast se reunió con 130 alcaldes en La Moneda, en un gesto que buscó establecer puentes de diálogo en su administración y ofrecer un espacio de encuentro en el Palacio de Gobierno. La instancia sirvió para que los jefes comunales expusieran los “dolores” de sus territorios: problemáticas estructurales que son complejas de abordar desde la gestión local y que requieren, de manera urgente, una respuesta coordinada por parte del Ejecutivo.

Uno de los puntos planteados por los alcaldes tiene que ver con la viabilidad financiera de los gobiernos locales. Existe una profunda preocupación por la disminución de ingresos que sufrirían las arcas municipales si se aprueba la Ley de Reconstrucción Nacional. Si bien la iniciativa busca aliviar el bolsillo de un sector vulnerable al eximir del pago de contribuciones a los adultos mayores de 65 años, el efecto colateral indica que esto generará una merma directa en el Fondo Común Municipal (FCM).

Los datos oficiales señalan que siete de cada diez municipalidades en Chile presentan una alta dependencia a estos recursos. Para las comunas rurales, el fondo no es un “extra”, sino el motor que permite el retiro de basura, el alumbrado público y la mantención de consultorios.

Sin un mecanismo de compensación claro por parte del Estado, las comunas más pobres resultarán directamente afectadas, profundizando la brecha de desigualdad territorial que el país arrastra por décadas. Los alcaldes fueron enfáticos: no se puede hacer política social a costa de la solvencia de los municipios.

La seguridad también es un tema a abordar. A la fecha, aún no han sido aprobados los reglamentos que contempla la nueva Ley de Seguridad Municipal, lo que ha impedido su aplicación efectiva.

En esa línea, Contraloría emitió un dictamen hace pocos días que ha generado un alivio parcial, al facultar a los municipios para adquirir elementos de protección personal adicionales para sus funcionarios. Esta medida no es menor, considerando que incluso varios alcaldes han denunciado amenazas directas de bandas criminales tras operativos de recuperación de espacios. El retraso de esta normativa mantiene a los municipios operando sin lineamientos claros en esta materia.

Finalmente, algunos jefes comunales plantearon al primer mandatario la necesidad de ayudas especiales para el transporte en zonas rurales. El alza sostenida de los combustibles no solo afecta el presupuesto de las familias, sino que ha encarecido los fletes y recorridos de transporte público. 

Ahora, las inquietudes están en la cancha del Ejecutivo: los municipios ya no esperan más diagnósticos, requieren soluciones concretas para continuar sirviendo a sus vecinos.