Después del terremoto de 2010 hice casi una treintena de informes de inmuebles ubicados en la Zona Típica del Barrio Yungay y viajé a la región del Maule y del Bío Bío con un funcionario de ONU-Habitat para explorar la posibilidad de ayuda internacional.

Así, tuve la oportunidad de ayudar a impedir la demolición de, al menos, dos propiedades que eran fácilmente reparables.

Un problema de rigidez estructural de las instituciones

Pude comprobar que, en casos de emergencia, después de las primeras horas en las que la ciudadanía tiene que saber cómo reaccionar (lo que requiere de preparación, como son los simulacros de tsunamis, por ejemplo), es la hora de especialistas, porque son ellos los que deben resolver qué hacer con inmuebles dañados, cómo resolver temas de abastecimiento, de salud, seguridad, etc.

Para responder a la gran cantidad de necesidades tan diversas y urgentes que se requiere después de un desastre de gran envergadura, se requiere de equipos de profesionales muy especializados, capacitados y con poder para responder ante la urgencia.

Es imposible que un municipio, una intendencia o un ministerio disponga de una estructura de este tipo en forma permanente para eventos que son periódicos, pero muy diversos entre sí. Sin embargo, se debiera crear a nivel nacional una organización amplia, diversa y compleja que esté preparada para responder ante cualquier emergencia. Una organización compuesta por funcionarios de diversas reparticiones públicas, de universidades, del mundo privado, ONG´s, organizaciones ciudadanas, que tengan capacitaciones periódicas, que puedan constituirse y reaccionar rápido, trasladarse al lugar y hacerse cargo de la situación.

Una organización “latente” que se configura de acuerdo a las características del desastre, que tiene reconocimiento a nivel nacional y poderes para actuar.

Errores que se repiten

Los errores que para cada desastre se cometen son muy altos, en términos humanos y materiales. Tengo la impresión que los daños materiales por errores humanos post-terremoto o post-tragedia, como demoler cientos o miles de casas que se podrían haber reparado a bajo costo, fueron altísimos.

Y cada terremoto podemos ver parte de la gran cantidad de edificaciones que no se repararon de manera adecuada después del anterior terremoto.

Pero es un error, que sólo hace pocos años se empieza a revertir, no considerar otros aspectos que provocan los desastres, como son los traumas, temas de seguridad, la pérdida de memoria colectiva como familiar.

En El Sauce, donde por torpeza del alcalde se demolieron alrededor de 100 casas sin tener informes técnicos (con los que posiblemente se podrían haber salvado la gran mayoría de ellas, como pasó con muchas casas marcadas para demoler en Cobquecura), los vecinos tenían como prioridad arreglar la iglesia católica. En un pueblo (tenía menos de 150 casas antes del terremoto) donde la mayoría se declaraba evangélica o protestante, consideraban que la iglesia era la principal fuente de identidad. Eso, que puede parecer extraño, resulta del todo incomprensible a un Estado y a gobiernos que fijan sus prioridades en infraestructura vial, de salud y hospitalaria y en la construcción de viviendas.

Las necesidades reales de las comunidades afectadas por desastres deben ser levantadas por equipos sensibles y preparados para ello (para hacer diagnósticos en comunidades en pleno trauma), que no respondan a lógicas e intereses propios de las instituciones que representan.

Lo anterior también implica entender los distintos “tiempos” que requieren los distintos actores, respetarlos y ver forma de hacerlos compatibles.

En este contexto parece poco serio hacer un diagnóstico y un anteproyecto en un mes, como fue el caso de Constitución. La urgencia no puede atentar contra lo importante, las personas afectadas.

Voluntad y consenso político

Lo antes expuesto es muy difícil que se logre concretar, porque ninguna institución ni autoridad –o muy pocas- están dispuestas a “perder” su poder, aunque sea temporalmente durante el primer período de reconstrucción, para dárselo a unos “advenedizos”.

Sin embargo, bien se podría partir creando un grupo especialista en patrimonio conformado por profesionales del Consejo de Monumentos Nacionales, del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Obras Públicas, de Salud, de Educación, de Defensa, etc (de los ministerios que administran mucho Patrimonio Cultural), universidades, colegios profesionales, organizaciones ciudadanas vinculadas al Patrimonio como la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales), etc.

El objetivo sería disponer de un grupo flexible que pueda conformarse de acuerdo a las características del lugar específico del desastre y reaccionar de manera rápida para hacer diagnósticos y proponer medidas en las diversas áreas.

El Patrimonio involucra diversos aspectos, que tienen que ver con lo físico, comunitario, memoria familiar, etc., como legales. Cada uno de ellos a su vez tiene muchas complejidades, ya que respondes a sus propias especificidades, como diversas técnicas constructivas, elementos que tienen valor específico en ese contexto, características comunitarias e institucionales locales particulares, etc,

Un país donde suceden tantos desastres parece inconcebible que no haya una organización que pueda responder de manera integral a la emergencia. La propuesta es partir creándola en lo específico al Patrimonio material e inmaterial para después ir ampliándola a otros aspectos.