Artes y Cultura
Jueves 23 enero de 2020 | Publicado a las 12:53
Contribución de las políticas en cultura a la desigualdad y la democratización de la participación
Por Tu Voz
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Por Jorge Andrés González San Martín, Sociólogo
Presidente Nacional Asociación de Funcionarios/as de Cultura, ANFUCULTURA

En la base del estallido social ocurrido en nuestro pa√≠s a partir del 18 de octubre y del proceso de cambio social en curso, se encuentran una serie de desigualdades sociales estructurales, enquistadas en el sistema social, que han colmado la subjetividad de una parte mayoritaria de la sociedad nacional que, agotada de la mercantilizaci√≥n de derechos b√°sicos y la consiguiente precarizaci√≥n de la vida, se moviliza desde hace tres meses a lo largo de todo el pa√≠s bajo la consigna ‚ÄúChile despert√≥‚ÄĚ.

La cultura también forma parte de este universo de necesidades convertidas en mercancía, en que su acceso y participación es un privilegio; las desigualdades sociales que experimenta Chile se corresponden con la desigualdad cultural imperante en el país, donde los estudios demuestran que el origen social determina la participación en la cultura: a menor posición en la escala social, menor acceso y participación cultural.

Si bien a partir de la creaci√≥n del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Estado ha asumido cierta responsabilidad sobre la actividad cultural del pa√≠s, las pol√≠ticas culturales y sus escasos recursos no han podido asegurar el derecho a la cultura. El Estado chileno no invierte m√°s del 0,4% del presupuesto p√ļblico en cultura, algo as√≠ como $11.000 de gasto p√ļblico por habitante, cuesti√≥n que implica que s√≥lo 1 de cada 5 proyectos culturales que se presentan a los fondos de cultura son financiados.

Es m√°s; las pol√≠ticas p√ļblicas en cultura han contribuido profundamente a la desigualdad social mediante el concurso de Fondos de Cultura. Este mecanismo de asignaci√≥n de recursos fiscales, hist√≥ricamente, no ha logrado focalizar su inversi√≥n en la poblaci√≥n m√°s vulnerable, siendo sus beneficiarios personas residentes de las comunas m√°s ricas y con mayor √≠ndice de desarrollo humano de Chile, seg√ļn propios an√°lisis del MINCAP. Esto no significa que, en los sectores populares del pa√≠s no exista la actividad cultural. Razonar esto es una abstracci√≥n del pensamiento neoconservador y neoliberal. La actividad cultural, como actividad inherente a toda sociedad se desarrolla en todos los territorios, inclusive en los m√°s excluidos del pa√≠s, pero sin apoyo del Estado.

Dado lo anterior, es pertinente preguntarse ¬ŅC√≥mo las pol√≠ticas p√ļblicas en cultura, cuyo mandato tras el fin de la dictadura era ‚Äúdemocratizar la cultura‚ÄĚ, contribuyeron a la desigualdad social?

Hasta el golpe de militar del a√Īo 73‚Äô, el Estado de Chile canaliz√≥ las necesidades culturales, de manera progresiva, a trav√©s del Ministerio de Educaci√≥n P√ļblica. Sin embargo, con el proyecto pol√≠tico de la Unidad Popular, surgieron instituciones como Chile Films, Editorial Quimant√ļ y el sello discogr√°fico IRT, que aumentaron la cobertura de bienes y servicios culturales en la sociedad, con √©nfasis en los sectores populares.

En el escenario de la revoluci√≥n capitalista impulsada por la junta militar, varios a√Īos antes del viraje neoliberal de la dictadura hacia un Estado subsidiario, surge la pol√≠tica cultural del gobierno militar, bajo la necesidad de eliminar los resabios del gobierno de la Unidad Popular y la instrumentaci√≥n pol√≠tica del ‚Äúmarxismo‚ÄĚ sobre la creaci√≥n cultural.

‚ÄúLa actividad cultural chilena requiere un proceso de revisi√≥n de las bases sobre las cuales se ha desarrollado y, para ser m√°s exactos, de una reformulaci√≥n integral de dichas bases. Es efectivo que el desenvolvimiento cultural en nuestro pa√≠s no ha seguido m√°s pautas que las dictadas espont√°neamente por quienes lo han enriquecido, salvo el caso del trienio 1970-1973, en que el marxismo intervino, orient√≥ y manej√≥ la creaci√≥n cultural chilena ajust√°ndola estrictamente a los c√°nones que estuvieran de acuerdo con sus objetivos pol√≠ticos‚ÄĚ (Pol√≠tica Cultural del Gobierno de chile, 1975).

Los objetivos de esta pol√≠tica fueron la reivindicaci√≥n de una identidad nacional √ļnica heredera de la conquista espa√Īola, la cultura como ‚Äúalta cultura‚ÄĚ donde las bellas artes juegan un papel fundamental y la necesidad de comunicar al extranjero una visi√≥n positiva del r√©gimen. Para tales efectos, la dictadura c√≠vico militar tom√≥ como soporte el sistema educativo, el control de los medios de comunicaci√≥n de masas, radio y televisi√≥n y la gesti√≥n de iniciativas culturales selectivas a trav√©s del Departamento Cultural de la Secretar√≠a General de Gobierno.

Con el retorno de la democracia, la necesidad de la democratizaci√≥n cultural en oposici√≥n al legado cultural conservador y elitista de la dictadura colm√≥ los debates culturales. Se lleg√≥ a la conclusi√≥n de la necesidad de una institucionalidad estatal para la cultura, que dotara de fondos la gesti√≥n de proyectos culturales, adem√°s del desarrollo de una institucionalidad cultural a nivel local (municipios), la proyecci√≥n internacional de los creadores nacionales y la revisi√≥n legal de las ideas de patrimonio, financiamiento e industria cultural. Sin embargo, estas ideas tuvieron una institucionalizaci√≥n lenta: desde la creaci√≥n de la Divisi√≥n de Cultura del MINEDUC, la promulgaci√≥n de los fondos de cultura y la ley de donaciones culturales para el financiamiento de iniciativas culturales gestionadas por agentes privados, a principios de la d√©cada del 90‚Äô, hubo que esperar 10 a√Īos para que el a√Īo 2003 se promulgara la ley 19.045, que creaba el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Este servicio p√ļblico, aut√≥nomo, descentralizado y territorialmente desconcentrado, estaba integrado por miembros de la sociedad civil, que formaban parte de un directorio colegiado cuya misi√≥n era formular, implementar y evaluar las pol√≠ticas p√ļblicas en el √°rea de la Cultura, presidido por un Ministro Presidente que las ejecutaba.

El CNCA formul√≥ mediante sus √≥rganos colegiados la pol√≠tica cultural ‚ÄúChile quiere m√°s cultura‚ÄĚ, per√≠odo 2005-2010, la Pol√≠tica Cultural 2011-2016 y la Pol√≠tica Nacional de Cultura 2017-2022. Estas 3 pol√≠ticas, a pesar de fundamentarse en las ideas fuerzas contenidas en el esp√≠ritu de la ley 19.891, ‚Äúapoyar el desarrollo de las artes y la difusi√≥n de la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la Naci√≥n y promover la participaci√≥n de √©stas en la vida cultural del Pa√≠s‚ÄĚ, definiendo las l√≠neas estrat√©gicas de creaci√≥n art√≠stica, participaci√≥n en la cultura y patrimonio cultural, consolidaron la consursabilidad y las asignaciones directas a grandes instituciones culturales como fuente del financiamiento de iniciativas culturales, destinando una cantidad marginal de recursos del presupuesto fiscal a iniciativas no concursables focalizadas en los sectores populares.

Los fondos concursables son un dispositivo distorsionado de asignaci√≥n de recursos en un Estado subsidiario como el chileno. Bajo la l√≥gica subsidiaria, neoliberal, las pol√≠ticas p√ļblicas deben focalizar su inversi√≥n en aquella parte de la sociedad que no es capaz de asegurar por s√≠ misma la provisi√≥n de bienes y servicios, poblaci√≥n ‚Äúvulnerable‚ÄĚ o en ‚Äúsituaci√≥n de pobreza‚ÄĚ. Sin embargo, como es de p√ļblico conocimiento, los beneficiarios principales de los recursos de los fondos concursables son personas naturales o jur√≠dicas que habitan las comunas m√°s ricas del pa√≠s. Esta tendencia se ha extendido durante 3 d√©cadas.

Esta desigualdad en el acceso al financiamiento estatal para las iniciativas culturales se encuentra largamente explicada por las teorías de la desigualdad cultural: el origen social determina el capital cultural de partida en la trayectoria de las personas, su logro académico y, por ende, su logro profesional. Al ser los fondos de cultura un concurso donde muchos compiten por recursos escasos, quienes son seleccionados son mayoritariamente personas con un origen social medio alto y un mayor capital cultural que les permite sortear con éxito una selección de proyectos altamente especializada, tanto programática como administrativamente, muy distinta del resto de fondos concursables en el Estado.

Ahora bien ¬Ņqu√© explica que, pese a la evidencia abrumadora, acumulada durante 3 d√©cadas, no se haya problematizado el escenario descrito? ¬ŅQu√© tendencias externas o internas obstaculizaron una conciencia cr√≠tica respecto de la contribuci√≥n de las pol√≠ticas p√ļblicas a la desigualdad cultural?

El primer factor ha sido abordado con profundidad en el escenario de la crisis actual. Hablo de c√≥mo la ortodoxia neoliberal se enquist√≥ en el ADN de la clase pol√≠tica y los gobiernos de turno, de derecha a izquierda, permeando toda la pol√≠tica p√ļblica, desde los gobernantes hasta los equipos ‚Äút√©cnicos‚ÄĚ. De esta manera, en el caso particular de cultura, la idea naturalizada, hecha ‚Äúsentido com√ļn‚ÄĚ, es que, frente a recursos escasos, la competencia ‚Äúperfecta‚ÄĚ por el financiamiento de las iniciativas culturales a trav√©s de fondos concursables era la manera m√°s ‚Äújusta‚ÄĚ de distribuir el financiamiento de las iniciativas culturales.

Es as√≠ como, salvo algunos programas aislados de gesti√≥n de proyectos culturales no concursables y focalizadas en sectores populares, como el programa ‚ÄúCreando Chile en mi Barrio‚ÄĚ y ‚ÄúServicio Pa√≠s Cultura‚ÄĚ, a lo largo de estas tres d√©cadas se han ido acumulando, uno tras otro, un sinf√≠n de nuevos fondos, l√≠neas y sub l√≠neas de concursos. Sin embargo, como ya hemos se√Īalado, lo que la premisa abstracta de la competencia perfecta no considera, es que esta discrimina desde el propio punto de partida.

El segundo factor, es quiz√°s el m√°s naturalizado. Se trata de la arquitectura de las instancias de participaci√≥n ciudadana del MINCAP y su antecesor, el CNCA. Durante la existencia de la institucionalidad cultural, los espacios de participaci√≥n de la ciudadan√≠a -Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Consejos Regionales, de la M√ļsica, del Libro y Audiovisual- no han representado la diversidad del campo de la cultura y las artes excluyendo a los sectores populares, dado que sus integrantes, por ley, han sido hist√≥ricamente designados por el Presidente de la Rep√ļblica con acuerdo del parlamento, lo que ha derivado en la representaci√≥n de una √©lite del campo cultural y sus disciplinas. Lejos se encuentran estos consejos de los consejos de la sociedad civil que se articulan en la mayor√≠a de los organismos p√ļblicos, elegidos democr√°ticamente, en base a lo consagrado en la ley 20.500 de participaci√≥n ciudadana.

Esta √©lite del campo cultural ha definido, en exclusivos espacios de di√°logo ciudadano, las convenciones de cultura, las pol√≠ticas p√ļblicas en cultura, las cuales, a pesar de consagrar grandi locuentes relatos y objetivos, no han desarrollado ni un √°pice de cuestionamiento del statuts quo de la institucionalidad cultural y la realidad social: ni la postergaci√≥n que el sector cultura padece en la sociedad nacional, con presupuestos escasos arrojados a la concursabilidad; ni las precarias condiciones de los trabajadores de la cultura, tanto en la Sociedad Civil como en el propio Estado.

En el actual momento de crisis social, la representaci√≥n elitaria de los consejos de la cultura se hace manifiesta y visible a los ojos de todos los ciudadanos: ninguno de estos organismos ha sido capaz de convocar a la ciudadan√≠a cultural y sintetizar sus demandas en una agenda de trabajo de corto y mediano plazo que se vincule con las pol√≠ticas p√ļblicas; salvo escasas excepciones personales, ninguno de estos organismos ha cumplido con el mandato incluido en la ley 21.045, condenando las violaciones a los derechos humanos por parte de la represi√≥n policial y el gobierno autoritario, que hemos padecido inclusive los propios trabajadores del sector cultura, movilizados desde el inicio del estallido social.

Por todo lo anteriormente expuesto, junto con la discusi√≥n del derecho a la cultura en el marco del actual proceso constituyente, la democratizaci√≥n de los espacios de participaci√≥n Ciudadana del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio -Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Consejos Regionales, de la M√ļsica, del Libro y Audiovisual- mediante la modificaci√≥n de la ley 21.045, que permita la inclusi√≥n en la institucionalidad cultural de los sectores excluidos hist√≥ricamente, es un imperativo categ√≥rico.

Unidad Social y su bloque cultural, compuesto por colectivos de creadores, organizaciones culturales de base, sindicatos p√ļblicos y privados de cultura, dan en el clavo con esta demanda, incluida en su hist√≥rico pliego de demandas de culturas, artes y patrimonio.

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