Visiones contrapuestas tienen dos de los parlamentarios de la región del Bío Bío que se han visto vinculados a investigaciones del Ministerio Público, respecto de la norma propuesta para sancionar a quienes filtren antecedentes de una causa. Ante las críticas generalizadas, el proyecto de ley del Ejecutivo podría verse entrampado en su segundo trámite en la Cámara de Diputados.
Pareciera que a La Moneda y a los senadores poco les importa la mala imagen que tiene la ciudadanía de los políticos. Sólo así se puede entender el proyecto de ley para sancionar a quienes entreguen antecedentes de un caso investigado por la Fiscalía, iniciativa presentada por el Ejecutivo y ya sancionada favorablemente por la Cámara Alta.
Mientras senadores como Alejandro Guillier se defienden, asegurando que votaron sin conocer el contenido de la indicación incluida en la ley corta antidelincuencia, Jacqueline van Rysselberghe justifica la necesidad de penalizar las filtraciones por el riesgo de que éstas puedan implicar no sólo causas contra funcionarios políticos.
La senadora UDI es actualmente investigada por el uso de recursos fiscales cuando fue alcaldesa de Concepción, caso en el que el Consejo de Defensa del Estado es querellante, sin que hasta ahora se hayan producido filtraciones.
Al respecto, la legisladora afirmó que así tiene que ser, pero que esta situación no la han vivido quienes son indagados en Santiago.
Igual fue la experiencia del diputado Cristian Campos, investigado en relación al caso Hualpén, y donde fue finalmente suspendido condicionalmente tras devolver los dineros cuestionados.
No obstante, el parlamentario PPD adelantó que se opondrá a la normativa cuando sea votada en la Cámara Baja, subrayando que las filtraciones ya están sancionadas.
Radio Bío Bío intentó obtener -sin éxito- la opinión de su colega DC, Marcelo Chávez, quien evitó la investigación por manejo en estado de ebriedad, al rechazar la Corte Suprema su desafuero.
Fue justamente su camarada, el ministro Jorge Burgos, quien presentó la polémica indicación rechazada abiertamente por la Asociación de Fiscales.
Esto, al cuestionar una idea que nació de la Fiscalía Nacional y que es respaldada por los fiscales regionales con aspiraciones a ascender dentro del Ministerio Público, como el titular en el Bío Bío, Julio Contardo.
Actualmente la sanción por filtraciones de investigaciones secretas apuntan a funcionarios públicos como los fiscales y policías. En caso de ser aprobada la iniciativa del Ejecutivo, se podría perseguir penalmente también a los intervinientes en causas investigadas por el Ministerio Público.
