El 5 de febrero de 2015, la revista Qué Pasa publicó un reportaje del periodista Juan Pablo Salaberry titulado “Un negocio Caval”, en donde deja al descubierto la transacción de la empresa propiedad de Natalia Compagnon y Mauricio Valero.
En ese momento la Presidenta Bachelet se encontraba de vacaciones en el lago Caburgua, en la región de la Araucanía.
Cuatro días, el 9 de febrero, después de la publicación de este reportaje el Gobierno, mediante el ministro José Antonio Gómez, se refiere al tema afirmando que no existirían recursos fiscales involucrados en este negocio.
Posteriormente, el 11 de febrero, el Gobierno da a conocer la declaración de patrimonio e intereses de Sebastián Dávalos. Sin embargo no se entregan datos relevantes acerca sobre los activos bancarios del hijo de la presidenta.
Dos días después y tras la presión mediática del caso, Dávalos decide renunciar a su cargo como director del área sociocultural de la Presidencia.
Al momento de comunicar su dimisión, Dávalos asegura que no cometió ningún ilícito ni delito fincionario.
El 16 de ese mismo mes, el Fiscal de la región de O’higgins, Luis Toledo, comienza una investigación por tráfico de influencias y negociación incompatible en el marco del caso Caval.
Hasta ese momento era comentario obligado el hermetismo de Michelle Bachelet.
En su retorno a La Moneda y 17 días después de que estallara este escándalo, la Presidenta se refiere por primera vez al caso Caval, indicando que se enteró por la prensa.
La segunda semana de marzo de 2015, Bachelet presenta al Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, los conflictos de interés y el tráfico de influencias. Instancia que busca abordar la crisis generada por los mediáticos casos Penta, SQM y Caval, proponiendo además perfeccionar el financiamiento de la política.
Pero a pesar de esto, comienzan a hacerse evidentes los estragos que este caso provocó en la imagen de la mandataria.
Prueba de ello es el resultado de la encuesta Adimark de abril, donde Bachelet alcanza -hasta ese entonces- el porcentaje más bajo de aprobación en sus dos gobiernos, llegando sólo aún 31%.
Cabe destacar que en 2007, en medio de la crisis a causa de la implementación del Transantiago, la Preidenta alcanzó un 35,5%.
A finales de abril y en cadena nacional, Bachelet se refiere al caso que involucra a su hijo y su nuera en cadena nacional y aprovecha la oportunidad para anunciar la implementación de medidas para hacer frente a los casos de corrupción.
Los cuestionamientos respecto a la conducción del caso entre otras cosas, llevaron a la presidenta a realizar el primer cambio de Gabinete, siendo Rodrigo Peñailillo uno de los ministros que abandona La Moneda.
Recordemos que Peñailillo, como ministro del Interior, era quien estaba al mando del país al momento de estallar el caso.
La cuenta pública del 21 de mayo es otra de las ocasiones en donde la mandataria alude al caso a la empresa de su nuera y anuncia la creación de un proyecto de ley, el cual se encargará de normar los planos reguladores y la valorización de los terrenos a partir de ese momento.
Sin embargo y pese a los esfuerzos del Gobierno por impulsar medidas anticorrupción, la aprobación de la gestión de la mandataria continúa a la baja.
Lo anterior queda demostrado en los resultados de la encuesta Adimark, los primeros días de julio, donde la aprobación alcanzó un 27%, mientras que la desaprobación se encumbra en un 68%.
Con estos resultados Bachelet empata con los resultados alcanzados por el Presidente Sebastián Piñera en el punto más álgido de las movilizaciones de los estudiantes en 2011.
La caída en picada de la aprobación de la Presienta quedó evidenciada en los resultados de la encuesta Adimark de inicios de septiembre.
En esta ocasión Bachelet alcanzó sólo el 24% de aprobación de la ciudadanía, cifra que se anota como la más baja en la historia de esta encuesta.
Finalmente en la medición correspondiente al mes de diciembre, la Michelle Bachelet no consigue repuntar, por lo que se iguala el porcentaje de aprobación, un 24% obtenido los meses anteriores.