Al Gobierno le ha costado sacar del Palacio de La Moneda el tema de la compra y venta de terrenos en Machalí por parte de la sociedad Caval. El rol protagónico que tuvo en el caso la nuera de la presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, y los detalles que se conocen del caso aún remecen a la sede del Ejecutivo a casi un año de que se diera a conocer.

Ahora la que se encuentra bajo la mira es la jefa de gabinete de la mandataria, Ana Lya Uriarte, quien ya había sufrido duras críticas por su coordinación del viaje de la jefa de Estado a La Araucanía sin dar aviso al ministro del Interior, Jorge Burgos.

En esta oportunidad, Uriarte es cuestionada por las asesorías que brindó su estudio jurídico Sustentaabogadas a la sociedad Caval en 2012, por las que recibieron millones.

Caval actuó en ese entonces como intermediario, según señaló El Líbero, para ofrecer a la venta la central térmica Los Guindos, misma que fue aprobada cuando Ana Lya Uriarte se desempeñó como ministra de Medio Ambiente. Para esto se pidió al estudio jurídico la redacción de un borrador de proyecto de escritura.

Visiblemente molesto, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, recordó que dichos hechos ocurrieron hace cuatro años y pidió responsabilidad en las acusaciones.

“Yo creo que es hora de que actuemos seriamente. Actuemos de verdad con responsabilidad. Aquí, desafortunadamente, quienes están permanentemente en este tiroteo, en esta guerrilla de ver cómo enlodan a todo el mundo, están haciendo un flaco favor a la democracia y a la propia función de la política”, afirmó.

Junto con el tiempo transcurrido, Díaz indicó que la información sobre Ana Lya Uriarte “no representa ninguna imputación de ningún tipo de hecho irregular“, y manifestó que todo tipo de imputación de vicios debería realizarse ante los tribunales.

El vocero del Palacio aseguró también que el Chile pide “que nos hagamos cargo de los errores que se han cometido, que rectifiquemos nuestras conductas y nuestras prácticas”.

Por ello, manifestó que el trabajo debe apuntar a mejorar la normativa y no a fomentar enfrentamientos: “Esta idea de utilizar todo por el objetivos, sacar una pequeña ventaja política, a mí me parece simplemente un desatino con el país”.