Antes de que Alberto Ayala asuma como fiscal regional de Antofagasta, la Contraloría debe entregar un pronunciamiento en torno al reclamo presentado por la Asociación Nacional de Fiscales contra de su nombramiento.
La asociación ingresó el 27 de agosto a la Contraloría una solicitud en donde se señala que la designación, efectuada por el fiscal nacional Sabas Chahuán, no se ajusta al marco legal, según recoge Emol.
De manera previa el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Claudio Uribe, había criticado fuertemente el nombramiento de Ayala -que aún se desempeña como fiscal metropolitano oriente-, porque esto atentaba “contra los legítimos interesas de ascenso y carrera funcionaria” de los persecutores.
El reclamo de la entidad que agrupa a los fiscales, junto con la Asociación de Profesionales y Funcionarios del Ministerio Público, apunta a la transgresión del artículo 30 de la Ley Orgánica del ente persecutor, que establece una duración de ocho años para los fiscales regionales “y no podrán ser designados como tales por el periodo siguiente”.
En tanto, el fiscal Alberto Ayala confirmó que mientras no se resuelva esta problemática aún no puede iniciar sus nuevas funciones en Antofagasta (comienzo previsto para el próximo 10 de octubre), debido a que la presentación de los persecutores congela la toma de razón por parte de la Contraloría.
Por otro lado, aún se mantiene pendiente el resultado de la investigación penal iniciada contra Ayala luego que el ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, Cristian Vargas, acusara que éste fue el encargado de filtrar información de la carpeta del caso Penta-SQM (que se encuentra en reserva) a Rodrigo Peñailillo cuando éste todavía encabezaba el Ministerio del Interior.
