El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) rechazó categóricamente la querella presentada por la entidad patrocinante Social Arquitectura, en el marco del proceso de reconstrucción tras el incendio que afectó al sector El Olivar en Viña del Mar.
A través de un comunicado, la cartera aseguró que todas las decisiones adoptadas han estado basadas en antecedentes técnicos, la normativa vigente y el resguardo tanto de los recursos públicos como de la seguridad de las familias damnificadas.
Desde el ministerio explicaron que los informes técnicos elaborados por los Fiscalizadores Técnicos de Obra (FTO) del Serviu de Valparaíso corresponden a actos emitidos por organismos competentes, descartando así cualquier falsificación. En caso de existir errores administrativos, precisaron, estos deben ser revisados por las instancias regionales correspondientes.
Descartan coacción y fraude al fisco
El Minvu también desestimó las acusaciones de coacción, señalando que sus actuaciones se han realizado en el marco de sus atribuciones legales. En ese contexto, defendieron el rol del ministro de Vivienda, Iván Poduje, indicando que ha ejercido su función de supervigilancia conforme a la normativa vigente.
“El ejercicio legítimo de una potestad pública no constituye coacción”, afirmó la subsecretaria de la cartera, Natalia Aguilar, quien agregó que el objetivo ha sido asegurar que las viviendas cumplan con los estándares técnicos y de seguridad requeridos.
En cuanto a la acusación de un eventual fraude al fisco, el ministerio sostuvo que carece de lógica, argumentando que su intervención ha buscado evitar que el Estado continúe financiando proyectos con observaciones o fallas de diseño.
Denuncia previa y proceso en la justicia
Desde la cartera recordaron que, previo a la querella presentada por Social Arquitectura, el propio ministro Poduje ingresó una denuncia ante el Ministerio Público contra la constructora San Sebastián Ltda. y la entidad patrocinante, por eventuales delitos como fraude al Fisco, estafa y uso malicioso de certificaciones, entre otros.
Asimismo, indicaron que todos los antecedentes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado, siendo los tribunales los encargados de determinar eventuales responsabilidades.
Finalmente, el Minvu enfatizó que las 356 viviendas involucradas corresponden a familias que perdieron sus hogares en el incendio del 2 de febrero de 2024, reiterando que su prioridad es avanzar en soluciones habitacionales “dignas, seguras y bien construidas”.
“Actuamos con responsabilidad, con apego a la ley y con un único objetivo: que las familias de El Olivar reciban viviendas dignas”, concluyó la subsecretaria.
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