Fueron entregados al ministro Carlos Aldana los antecedentes sobre una hidroeléctrica proyectada en la comuna de Mulchén, cuya construcción afectaría el lugar donde fueron enterrados y después exhumados ilegalmente detenidos desaparecidos. En un escrito, el Programa de Derechos Humanos solicita al magistrado dictar las medidas pertinentes para proteger lo que es un sitio del suceso.
La abogada del Programa de Derechos Humanos, Patricia Parra, solicitó al magistrado para causas por violación de derechos humanos dictar las medidas pertinentes para proteger lo que califica como un sitio del suceso en Mulchén.
Se trata de una fosa donde los familiares de 18 campesinos detenidos el año 1973 recuerdan a las víctimas. Los restos fueron enterrados en el lugar por militares y exhumados ilegalmente en 1979 en la llamada Operación Retiro de Televisores.
En el caso que se concrete la construcción de la central de pasada Agua Viva en el río Renaico, la fosa desaparecería. En tanto el proyecto que tiene una inversión de 70 millones de dólares, quedaría paralizado.
Marina Rubilar, hija y sobrina de tres detenidos desaparecidos, dijo que se pide al ministro Aldana que intervenga en el asunto.
También se ha involucrado en el caso un Comité Social preocupado por el impacto de proyectos energéticos en la comuna de Mulchén. Su vocera, Karina Cabrera, saludó la actuación de los familiares de detenidos desaparecidos.
El Programa de Derechos Humanos solicita que el ministro Aldana pida informes sobre el proyecto hidroeléctrico a la empresa impulsora de la central y a organismos gubernamentales, entre ellos podría estar el Servicio de Evaluación Ambiental que tramita el estudio respectivo para la resolución de calificación.
