Tras ocho meses de iniciada la investigación, un preinforme de la Contraloría General de la República indaga en la posible ilegalidad del Censo 2012, el que ya fue cuestionado por una comisión investigadora de la Cámara de Diputados.
Según informó el diario La Segunda, el ente regulador indaga si el cambio metodológico entre realizar la medición en un solo día -o censo de hecho- a una toma de datos durante un periodo de tres meses -o censo de derecho- se ajusta o no a la ley que rige al Instituto Nacional de Estadísticas, el INE.
Esto, ya que la ley orgánica del INE establece que para realizar el censo el organismo lo hará en un sólo día, el que se decretará feriado. Sin embargo, bajo la administración de Francisco Labbé como director del instituto se modificó este punto, cuya legalidad hoy indaga la Fiscalía.
El ex diputado de la Democracia Cristiana y presidente de la Comisión Investigadora por el Censo, Juan Carlos Latorre, reconoció que este es un escenario mucho más grave de lo que pensaban, y que podría obligar a la Presidenta Michelle Bachelet a no corregirlo sólo con un censo abreviado.
El diputado de Renovación Nacional, José Manuel Edwards, manifestó que en la citada comisión había acuerdo en que cambiar a un censo de derecho fue una decisión apresurada.
Sin embargo, de decretarse la ilegalidad de la medición de 2012 la solución no pasaría por un nuevo censo -abreviado o completo-, como el propuesto por la Presidenta para 2017.
La Radio intentó tomar contacto con el abogado de Francisco Labbé, Jorge Martínez, para obtener alguna versión sobre este hecho, sin que atendiera los llamados.
